Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD preparan el uso del bloque de oposición en contra del decreto de interpretación correcta que aprobó la Cámara de Diputados para permitir que todos los servidores públicos puedan promocionar la revocación de mandato, sin que se considere propaganda oficial en veda electoral.
Kenia López Rabadán, del PAN, adelantó que ya hay pláticas entre los senadores de los cuatro partidos en contra de este decreto que fue aprobado por la mayoría de Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados, porque se trata de un decreto inconstitucional.
Anticipó que si Morena aplica su mayoría absoluta para imponerlo en el Senado se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la flagrante violación a la Constitución.
Con 268 votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, el jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó un Decreto de Interpretación Correcta, con lo cual busca imponer una nueva definición de propaganda oficial, a fin de permitir que los integrantes de la Administración Pública Federal (APF) puedan promocionar la revocación de mandato, a pesar que los artículos 35 y 134 de la Constitución.
El artículo 35 constitucional establece de manera expresa que únicamente el Instituto Nacional Electoral (INE) puede promocionar la revocación de mandato y ordena que “los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”.
El artículo 134 constitucional dice que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, precisa.
Pero Morena establece en su Interpretación correcta que “no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables” y añade que no se puede considerar propaganda las acciones que no emanen del presupuesto correspondiente a comunicación social de las dependencias.
De acuerdo con Kenia López Rabadán, la oposición en el Senado no permitirá que Morena intente violentar así la Constitución.
Llaman a no violar ley
Promovido por Morena como parte de los cambios de fondo en el país, desde el año 2019, la Constitución Política Mexicana establece que el uso de programas sociales para la promoción del voto en favor de un político es un delito electoral que se castiga con prisión preventiva oficiosa; es decir, el encarcelamiento es automático.
“Parece que serán los morenistas los que inaugurarán la aplicación de ese delito”, aseguró la panista Kenia López, al criticar que este fin de semana se distribuyó propaganda en las calles con imágenes del programa de vacunación y la invitación a los ciudadanos de votar en contra de la revocación para que esos programas sociales no desaparezcan.
“Esta propaganda es ilegal, aquí lo hemos expuesto claramente, es ilegal. Son ilegales los posters, son ilegales los panorámicos, son ilegales los volantes. Violan la ley y no les importa. Es una vergüenza, pero presentaremos la denuncia ante la Fepade, porque ustedes recordarán, incluso aquí en el Senado de la República tuvimos ese debate, prisión preventiva oficiosa es lo que ellos quisieron.
“¿Recuerdan? Prisión preventiva oficiosa es lo que pedía la mayoría de Morena para las personas que ocuparan los programas sociales para beneficiarse políticamente. Pues ahora que la ley se les aplique a ellos mismos. Es evidente que están violando la ley, es evidente que con esta reforma o este criterio de interpretación que quieren que se apruebe en el Congreso está violando la Constitución.
“De verdad son una vergüenza legislativa, son una vergüenza jurídica. Están obsesionados por el poder. No están obsesionados por dar resultados a la gente, están obsesionados por el poder”, expresó la legisladora federal que ayer mismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).