El Parlamento de Nicaragua, dominado por el presidente Daniel Ortega, aprobó este jueves reformas que, según expertos, debilitará la autonomía de las universidades en medio de nuevas reglas que fortalecen el control gubernamental sobre los currículos, programas y cátedras.
La ley establece el Consejo Nacional de Universidades (CNU), del régimen sandinista, como el principal órgano rector del sector, prevaleciendo sobre los comités de expertos académicos que en cada institución ostentan actualmente dicha facultad.
“Esta reforma mata la autonomía universitaria que tanta sangre ha costado en Nicaragua”, afirmó el académico Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la más grande del país.
La reforma también elimina el financiamiento público a la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita crítica de la gestión de Ortega y cuna de las protestas antigubernamentales que estallaron en el país centroamericano en 2018. Los diputados oficialistas argumentaron que la reforma busca fortalecer la educación superior.
“Es una venganza contra la UCA, por el papel que han jugado sus estudiantes en la rebelión de abril de 2018″, aseveró la profesora de derecho constitucional, María Asunción Moreno.
La reforma incorporó al CNU tres universidades creadas por el régimen de Ortega recientemente.
En los últimos meses el Parlamento de Nicaragua ha cerrado 14 universidades privadas argumentando que habían incumplido con sus obligaciones ante el órgano rector. La oposición ha dicho que es un intento del régimen por tomar control de las universidades críticas de Ortega.
CONTROL DE LAS ONG
Por otro lado, el Parlamento también aprobó este jueves con carácter urgente una ley que regulará y controlará a las organizaciones no gubernamentales (ONG), de las cuales más de 100 han sido ilegalizadas en los últimos cuatro años.
La Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro fue aprobada con el voto de los 77 diputados sandinistas y sus aliados, con 12 abstenciones, cero en contra y dos que no ejercieron su derecho al voto. La legisladora sandinista Loria Raquel Dixon, quien presentó la iniciativa, explicó en el pleno que esa ley sustituye a la anterior normativa, la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, aprobada el 19 de marzo de 1992 y que tenía 30 años de vigencia.
La nueva normativa otorga mayores facultades al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro sobre regulación y control de las ONG, indicó Dixon. “Permitirá mejorar su capacidad y cobertura para la efectiva y eficaz aplicación de la ley. Además, incluye el contenido mínimo de los instrumentos constitutivos y estatuto”, aseguró.
“El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que el Estado de Nicaragua es suscriptor, manifestó que los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) juegan un papel vital en la economía y la sociedad nacional”, apuntó Dixon en la iniciativa. “Sin embargo, ese mismo organismo en su campaña internacional en curso contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha demostrado que las OSFL son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado transnacional”, argumentó en el documento.
Sostuvo que esa ley promoverá “prácticas de transparencia en la ejecución de los proyectos de naturaleza religiosa, caritativa, civil, social, cultural y de educación desarrollados por la iniciativa establece las facultades del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro”.
Hace 15 días, el régimen del presidente Daniel Ortega reafirmó su línea dura con la ilegalización de otras 25 ONG, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista, y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos.
Con la anulación de esas 25 organizaciones, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, sumaron 112 las ONG locales que han sido canceladas desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Ortega.