Sin el Fortaseg y el menor presupuesto recibido este año para seguridad pública, los municipios están tomando recursos del Fortamun, bolsa destinada a infraestructura, rehabilitación y servicios públicos, señaló el diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia.
Cerca de 300 municipios, sobre todo los de mayor cantidad de población, se han visto desamparados porque no han llegado recursos federales en específico para seguridad pública; para policías, incentivos para ellos, becas para sus hijos, mejores condiciones de vida para sus familias, patrullas, motopatrullas, cámaras de videovigilancia, equipo y tecnología”, señaló el legislador.
Aclara que no todos los alcaldes pueden tomar dinero del Fortamun, porque en su mayoría dependen principalmente de las transferencias federales; sin embargo, acota, al final del día, es dinero que se deja de ejecutar en dignificar servicios públicos.
Para Ernesto López Portillo y Claudia Rodón Fonte, quienes colaboraron para realizar el Atlas de Seguridad y Justicia 2020, el rezago en la formación de las policías municipales puede empeorar ante la centralización en la materia, reflejada en el mayor presupuesto a la Guardia Nacional.
Para este año, la Cámara de Diputados aprobó a los municipios ocho mil millones de pesos para seguridad pública; en contraste, la GN tiene 62.8 mil millones de pesos, 70% más que en 2021.
YA NO CUENTAN CON EL FORTASEG
La meta de profesionalizar a las policías municipales del país corre el riesgo de irse relegando en contraste con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, se advierte en el Atlas de seguridad y justicia 2020, presentado recientemente por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Ese mismo mes, en la Cámara de Diputados se consolidó la tendencia de disminución de los recursos de los gobiernos locales, al estancarse en 8 mil millones de pesos el presupuesto de 2022 para seguridad pública. Se aprobó en contraste una asignación de 62. 8 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, un monto 70 por ciento superior al de 2021.
Según documentó México Evalúa, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local no experimentaron ningún cambio respecto al año anterior. Pero la caída es relevante porque los 8 mil millones de pesos que este año ejercerán los municipios en ese rubro representa una cifra 63 por ciento inferior a los 13 mil 600 millones de pesos asignados en 2016, cuando se alcanzó el máximo respaldo federal.
En 2018, Ejército, Sedenay Marina tenían un presupuesto superior en 20 mil millones de pesos en comparación con el canalizado a FGR, SSPC y SEGOB, lo que representaba una ventaja de 18 por ciento.
En 2022, dados los incrementos a la Guardia Nacional, el monto inyectado a las instancias militares es 149 mil millones de pesos mayor al de las dependencias responsables de la seguridad ciudadana, una ventaja de 271 por ciento. “La diferencia entre ambos gastos se amplió 7.5 veces”, comparó México Evalúa.
EXTRAÑAN EL FORTASEG
Es frente a esta desproporción presupuestal que alcaldes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reclamaron infructuosamente en la Cámara de Diputados, a finales de 2021, que se regresara el desaparecido Programa de Fortalecimiento de Seguridad Pública (Fortaseg).
Cerca del 50 por ciento de los municipios del país no podrán cumplir sus obligaciones y caerán en una situación de quiebra operacional”, pronosticó entonces el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal (PRI).
Las consecuencias de la austeridad en la seguridad municipal no se han hecho esperar, plantea el diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera (PAN).
La desaparición del Fortaseg ha sido un golpe terrible: cerca de 300 municipios, sobre todo los de mayor cantidad de población, se han visto desamparados porque no han llegado recursos federales en específico para seguridad pública, es decir, para policías, incentivos para ellos, becas para sus hijos, mejores condiciones de vida para sus familias, para patrullas, moto patrullas, cámaras de video vigilancia, equipo y tecnología”, enumera el legislador por Querétaro.
Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Macías Olvera recuerda que los recursos del Fortaseg permitían fortalecer a las corporaciones locales, como parte de las estrategias municipales de prevención del delito. “Es un recurso que se dejó de dar en los últimos dos años y de manera ilógica, porque estamos en uno de los países más violentos del mundo”, cuestiona el diputado panista.
Un mes después de la aprobación de presupuesto en San Lázaro, cuyo debate centró buena parte de las reservas de la oposición en el reclamo de mayores recursos a seguridad municipal, la titular federal del ramo, Rosa Icela Rodríguez, anunció en el encuentro del presidente López Obrador con gobernadores que habría más dinero para los gobiernos locales con más problemas de violencia.
Aprovecho este espacio para anunciar que, por decisión presidencial, el siguiente año se destinarán 2 mil 700 millones de pesos que, con el concurso de los gobiernos estatales, serán destinados para el equipamiento de los policías en los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país”, detalló la funcionaria.
Sin embargo, tres días antes de que finalizara 2021, los diputados del PAN, PRI y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de constitucionalidad en contra del presupuesto de este año, bajo el argumento de que su reparto “transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”.
Los coordinadores de las bancadas, el priista Rubén Moreira, el panista Jorge Romero y el perredista Luis Espinosa Cházaro, incluyeron el tema de la seguridad, particularmente el relacionado con la violencia contra las mujeres, como uno de los afectados por los recortes y estancamientos presupuestales.
ACONSEJAN DESCENTRALIZAR
Ernesto López Portillo y Claudia Rodón Fonte, autores del apartado correspondiente a la seguridad municipal en el Atlas de Seguridad y Justicia 2020 que por segundo año consecutivo da cuenta de la situación de México en diversos rubros vinculados con la violencia, alertan que el rezago de las corporaciones policiales puede empeorar si sigue profundizándose la centralización de las políticas públicas en la materia.
Los académicos consideran que, por el contrario, lo que se necesita es una desconcentración que permita a los gobiernos locales responder de manera más eficiente a las demandas específicas de cada territorio, para lo cual se requieren recursos, capacidades y atribuciones legales. “La situación de inseguridad y violencia en México enfrenta un reto no menor: de los 2,457 municipios que integran el país, alrededor de 650 carecen de una fuerza municipal propia”, detallan.
Esta situación puede empeorar, pues dada la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, el fortalecimiento y la profesionalización de las policías municipales se puede ir relegando”, advierten.
Explican López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, y Rodón Fonte de la organización INSYDE que la descentralización facilitaría la participación local y la solución de problemas desde el municipio y que la mayoría de las experiencias exitosas han tenido como punto de partida una autoridad local, destacando el caso de Ciudad Nezahualcóyotl.
Ejemplifican: “Dado que el narcotráfico es un delito federal, suele no haber una clara coordinación para enfrentar el tráfico de drogas en los micro territorios, e incluso se generan vacíos en el accionar de las policías, lo que se traduce en problemáticas y sufrimiento de la población cotidianamente”
Y consideran que “la creación de la Guardia Nacional en México deberá buscar formas de vincularse con las comunidades; de lo contrario, la intervención de esa institución federal podría debilitar aún más el impulso local a favor de la seguridad ciudadana”.
Enfatizan en su análisis López Portillo y Rodón Fonte que las policías municipales tienen funciones distintas y no pueden ser reemplazadas por las funciones habituales de las policías estatales, o por la Guardia Nacional.
Definen que el servicio policial en los municipios resulta irremplazable para sus habitantes. Y condicionan: “Habrá policías municipales maduras, modernas y profesionales donde haya políticas de seguridad con los mismos atributos. Jamás el impulso centralista, sea cual sea su instrumental, alcanzará para hacer lo que corresponde a las autoridades más cercanas a la ciudadanía. Peor aún, la centralización puede ser la más eficaz vía hacia el debilitamiento local”.
RECURSOS DEL FORTAMUN, LA SALIDA
A falta de presupuesto suficiente para la seguridad municipal, las autoridades locales están tomando recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), explica el diputado Macías Olvera.
Pero aclara que no todos los alcaldes pueden hacerlo, porque en su mayoría dependen principalmente de las transferencias federales.
Se están tomando recursos del Fortamun, destinado a infraestructura, a rehabilitación, a servicios públicos, para invertirlo en seguridad pública. Pero al final del día, es dinero que está dejando de ejecutar en otras obras sensibles para la gente, como es dignificar los servicios públicos. Sin embargo, la inversión en seguridad no puede parar.
Es una locura que, en uno de los países más violentos del mundo, los recursos se están yendo a Guardia Nacional. Pero esta supuesta varita mágica no se encuentra realizando tareas de seguridad pública ni de prevención del delito”, detalla el legislador queretano.
Expone el diputado federal que esa es la gran incongruencia y la falla estratégica de la institución que se creó en 2019 para enfrentar la especial de violencia.
A la Guardia Nacional la tienen guardada. No vemos a sus elementos patrullando ni haciendo el rol de la policía de proximidad ni en tareas de prevención en las colonias ni en los mercados ni en los tianguis ni en los barrios”, explica Macías Olvera.
Describe que los elementos militares de esa institución están focalizados en ciertas regiones del país, donde en teoría, remarca, la incidencia delictiva y la violencia son más fuertes.
Es una realidad muy cruel, porque los recursos que se dejaron de invertir en policías municipales para atender las demandas de la gente, ahora se van en la Guardia Nacional, pero ésta no realiza los rondines de vigilancia ni entra en contacto con los vecinos para establecer estrategias de prevención. Se encuentran enfocados en la frontera sur, en programas de vacunación, en todo, menos en seguridad pública”, cuestiona.
Y la evaluación de la Guardia Nacional es reprobatoria: hoy tenemos menos detenciones que las que realizaba la Policía Federal, menos captación de armas, menos decomiso de droga, menos detención de los capos del narcotráfico; y en cambio se han triplicado los homicidios dolosos. Por eso urge que regrese el recurso a los municipios presupuestalmente asfixiados. Es la petición número uno de los alcaldes. Y no es a ellos a los que están dejando solos, sino a la gente que resiente la falta de vigilancia y prevención en sus barrios y colonias”.
Destaca que hay déficit de policía preventiva en todo el país, según los estándares internacionales que marca Naciones Unidas, con excepción de la Ciudad de México. Sin embargo, los municipios están impedidos de aumentar su personal en función de sus necesidades, ya que existe un tope de 3 por ciento para el aumento de su nómina en plazas en los cuerpos de seguridad y personal de salud, un criterio que se fijó en el actual sexenio.
Muchos alcaldes solicitan a la representación de la Defensa Nacional, Ejército o Guardia Nacional personal para patrullaje y vigilancia y nuevamente la respuesta es que no hay elementos, que andan vacunando”, cuenta el legislador.
Qué bueno que haya reuniones de coordinación, pero si no hay un acompañamiento de la federación, que es la que tiene la mayor responsabilidad en el tema de seguridad, pues no hay para donde hacerse”, lamenta Macías Olvera.
Recuerda que el presupuesto en la materia es ejecutado en un 80 por ciento por la federación, el 16% recae en las entidades y solamente el 4 por ciento en las municipales.
Con el diálogo del PAN y la Secretaría de Gobernación en puerta, cuya agenda incluye una mesa de seguridad, el presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro no tiene duda de que la solicitud central deberá ser que “la federación sea efectiva, que regrese el recurso a las policías estatales y municipales, a los policías civiles para la prevención del delito”.
ADVERTENCIAS EN EL ATLAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 2020
Para que un sistema acusatorio funcione y fluya lo que se necesita son policías que investiguen el delito y fiscales que hagan lo suyo. Pero el Código Nacional se redactó en el contexto de una disputa personal y favoreció al ministerio público, y le ordena al policía actuar con dependencia de la fiscalía. Así dice el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde tanto al ministerio púbico como a las policías. Si se aspira que funcione medianamente bien el sistema acusatorio, hay que tener en cuenta prácticas exitosas como ésta de Yucatán”, expresó Renato Sales Heredia, extitular de la Comisión Nacional de Seguridad.
Hace unos meses encontré una notica fantástica que decía La policía de Israel recomienda a la Fiscalía que procese al Primer Ministro. Piensen lo que esto significa más allá de la persona.
A mí me parece que son estos juegos complejos y entonces si tienes una policía que hace su trabajo y lleva estas cuestiones al fiscal. Yo creo que ese sí es un buen sistema. Otro tema delicado es que a la policía está sumamente maltratada. Aparece la pregunta ¿para qué nos sirve la policía? Voy a decir una cosa horrible y, de antemano, me disculpo.
Los usamos como arrieros, no tienen capacidades técnicas porque ni queremos que las tengan ni nos importa si las tiene o no. De repente se emplean como fuerza de choque para disuadir, pegar o lo que sea. Estos hombres no tienen la más remota idea de qué es lo que deben hacer y nadie se ha ocupado de ellos”, planteó por su parte el exministro José Ramón Cossío.
Ma. Elena Morera, presidenta Causa en Común.
MORERA: REZAGO QUE VIENE DE ATRÁS
Cuestionada sobre el impacto de la austeridad en las policías locales, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C., señala que “las policías municipales ya tenían una situación precaria antes de este sexenio, y con los recortes, la falta de atención y las descalificaciones del presidente, por un lado y la apertura al crimen organizado, por otro, sin duda la situación es mucho peor”
Señala la destacada activista que a principios de esta administración se hizo un documento sobre desarrollo policial y justicia cívica.
Incluso en Causa Común les hicimos un anexo para fortalecer el planteamiento. Este documento es una buena base para desarrollar las policías. El problema fue que nunca le pusieron los recursos, a pesar de que en un artículo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional lo dice específicamente. Entonces, quienes han podido avanzar son unos cuantos municipios”, relata Morera.
Sobra decir que hoy uno de los obstáculos mayores para la profesionalización de las policías es la militarización. La salida está en convencer a los presidentes municipales en cobrar bien el predial y que un porcentaje de éste impuesto puedan usarlo en profesionalizar a sus corporaciones”, propone.