Bajo el argumento del derecho de libre tránsito, la delincuencia organizada atizó la promoción para que usuarios de las autopistas concesionadas eludan el pago de peaje, cuando en realidad buscan neutralizar la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que sancionará con cárcel y multas la toma, con fines de lucro, de plazas de cobro, denunció Marcos Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV).
En entrevista con Excélsior, comentó que tal promoción se realiza especialmente por redes sociales, por lo que será muy complicado erradicar este delito y por lo que la reforma será una herramienta adicional a una serie de acciones que ya se realizan entre autoridades federales y locales con los concesionarios.
Explicó que la reforma por la que se castigará a quienes tomen las plazas de cobro con fines de lucro con 7 años de prisión y multas que van de los 8 mil 960 hasta los 44 mil 800 pesos, ayudará a homologar criterios legales, dado que, pese a que se han interpuesto alrededor de 3 mil denuncias, algunos juzgadores no aplican sanciones bajo el argumento de que se trata de conflictos entre particulares, pese a que a ley actual señala como delito el ataque a las vías generales de comunicación.
Por lo anterior, comentó que uno de los grandes problemas ha sido la judicialización, por lo que hipotéticamente no se puede descartar el contubernio de funcionarios y las amenazas de los grupos de delincuentes a servidores públicos, dado que, además, los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado en la toma de casetas y boteo una forma de financiamiento están perfectamente identificados.
Reconoció que en busca de atacar el fenómeno de la toma de plazas de cobro se han realizado diversas acciones, como es el programa Caseta Segura.
Aun cuando el Presidente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, legisladores y concesionarios estiman pérdidas y daños, desde 2018, por alrededor de 7 mil millones de pesos, en realidad los daños pudieron ascender a alrededor de los 18 mil o 20 mil millones de pesos, dado que el informe sobre los resultados del programa Caseta Segura indican que:
Del 1 de enero de 2020 al 5 de marzo de 2021 se evitaron pérdidas por 11 mil 735 millones de pesos, de los cuales 9 mil 597 millones de pesos, corresponden al periodo enero-diciembre de 2020 y 2 mil 138 millones de pesos son del periodo del 1 de enero al 4 marzo de 2021”.
De la misma forma, se precisa que se han logrado 69 detenciones en el Estado de México y 64 en Michoacán, 40 personas vinculadas a proceso con medidas cautelares en Guerrero; 144 personas procesadas en Morelos, 64 en Jalisco y 23 en Nayarit.
La SSPC implementó, a partir de junio de 2019, el pan Caseta Segura mediante operativos coordinados de prevención y disuasión, en los que participa la GN y autoridades de la Segob, Capufe y la Secretaría de Infraestructura, entre otros.