El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien está refugiado en Bélgica y de quien Ecuador espera la extradición para que cumpla su sentencia por corrupción, está convencido de que la izquierda en el país andino solo podrá vencer en las urnas si él participa en elecciones. Sin embargo, la condena de ocho años que pesa en su contra no le permite regresar al Ecuador ni candidatizarse, pues parte de la pena es la suspensión de los derechos políticos por 25 años, es decir que no puede ocupar cargos públicos.
Correa gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. En su mandato se reformó la Constitución del país y el ex presidente se reeligió dos veces. Luego de su periodo, Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente en el primer periodo, asumió la Presidencia. Fue durante el gobierno de Moreno que iniciaron las investigaciones en contra de Correa y otros políticos afines a este por sobreprecios en contratos, sobornos y otros delitos en contra de la administración pública.
“Con toda humildad pero objetivamente, el que tiene el capital político soy yo. Y una cosa es una elección con Correa en Ecuador y, otra, sin Correa en Ecuador”, dijo el ex mandatario en una entrevista a EFE. Rafael Correa asegura que si pone “”un pie en Ecuador”, las autoridades lo enviarían a la cárcel y no saldría “vivo de la cárcel”. Pero ese escenario “de ninguna manera” lo desmotiva de continuar inmiscuido
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Hugo Chávez y Rafael Correa. En el centro, Jaime Sánchez Yanez, asesor de Correa y hermano de un socio de Fonglocons Ecuador. (Foto: Periodismo de Investigación).
Correa, otros líderes de su partidos y sus militantes aseguran que hay una persecución política en contra. De acuerdo con el expresidente, la sentencia que recae sobre él y las dos sentencias que llevaron a la cárcel a su binomio Jorge Glas son parte de lawfare para frenar los avances de la izquierda en Ecuador. Según Correa, hay “judicialización de la política” para “perseguir a los líderes progresistas”. En 2019, dos años después de que Correa dejara el poder, la Mesa por la Verdad y la Justicia del Consejo de la Judicatura elaboró un informe donde se concluyó que hubo al menos 247 casos de persecución política y judicial durante la época del gobierno del expresidente Rafael Correa.
Según recoge EFE, para Correa es “pura coincidencia” que una semana después de que Bélgica le otorgara el estatus de refugiado, el presidente de la la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana emitiera una petición de extradición al Reino belga.
“Yo vine sin una infracción de tránsito a Bélgica con un 70 % de apoyo popular, la gente vino a despedirme a las calles. Pero cuando nos traiciona mi sucesor (en referencia al expresidente Lenin Moreno) y yo empiezo a oponerme a él, empiezan a lloverme juicios… tengo 48 o 49″, aseguró Correa en su entrevista.
Sobre Correa pesa una sentencia de ocho años de prisión por cohecho. El caso Sobornos 2012-2016, por el que fue condenado, reveló una trama de corrupción donde altos funcionarios de gobierno recibieron sobornos en el palacio presidencial para financiar ilegalmente a Alianza PAIS, el movimiento político con el que Correa llegó al poder. A cambio de esos aportes, el gobierno de Correa adjudicaba contratos millonarios a distintas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, conocida en la región por sus sobornos a cambio de cuantiosas obras.
Rafael Correa y Jorge Glas en un mitín político
El ex presidente, que gobernó Ecuador por diez años, fue sentenciado como autor mediato por instigación, al igual que el entonces vicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió de la cárcel para cumplir con arresto domiciliario. El Tribunal de Casación que los condenó argumentó que las ex autoridades “son autores bajo la modalidad de instigación, por medio de su influencia cognitiva”. Esto último ha servido para que Correa y sus militantes utilicen la figura del “influjo psíquico” como una mofa a la condena del expresidente. Sin embargo, el influjo psíquico es una herramienta jurídica directa para la autoría mediata, y se la utiliza cuando la persona que ejecuta la acción es direccionado por influencias como consejos o recomendaciones, entre otras, para que cometa el delito.
Para Correa, la única forma “para que acabe esta persecución brutal y la destrucción” del país, él debe “ganar las elecciones, y ha asegurado que si debe regresar al Ecuador, lo hará. Algunos analistas políticos ecuatorianos han sostenido que el interés de Correa o de los correístas por regresar al poder es lograr la impunidad en los delitos de corrupción que pesan sobre ellos. “Hay que resistir y ganarles las elecciones (…) Mi proyecto vital era ver al país fuera del subdesarrollo”, insistió.
“Trataron de destrozarnos, si perdiéramos el apoyo popular, habría sido muy difícil revertir la situación, pero somos de lejos la principal fuerza política, tenemos un apoyo popular gigantesco”, recalcó. En las últimas elecciones del 2021, Andrés Arauz, el candidato del correísmo, obtuvo 32,7 % en las urnas en la primera vuelta electoral, lo que le permitió entrar al balotaje con el ahora presidente Guillermo Lasso. La votación de Arauz es la más baja obtenida por el partido correísta luego de que Correa asumiera la presidencia. El ex presidente está al tanto de lo anterior, por lo que en su entrevista con EFE dijo que “una cosa era la elección con Correa en el país, ni siquiera de candidato, y otra cosa sin Correa”.
Para Correa, el Ecuador ha retrocedido desde que él no está en el poder. Por ejemplo, dijo a EFE que Moreno vendió el país a los Estados Unidos y sobre la administración de Guillermo Lasso, el ex presidente dijo que “se ha perdido todo límite de escrúpulos en América Latina y, en particular, en Ecuador”, y aseguró que el gobierno de Lasso tiene por estrategia “armar escándalos para desviar la atención”. Un ejemplo de aquello sería la solicitud de extradición: “Es la tercera o cuarta vez que piden extradición y hasta da vergüenza ver cómo le niegan las cosas, cómo Interpol le ha negado todas las alertas rojas”, comentó.