El Gobierno de México presentó los resultados de una investigación sobre una red empresarial que consiguió contratos millonarios con organismos electorales y que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, lleva operando al menos 27 años.
Al iniciar su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que el análisis, anunciado previamente por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, se elaboró con fuentes abiertas. En él se documenta el origen del grupo empresarial, sus vínculos laborales y cómo fue extendiendo su participación en las contrataciones de instituciones electorales.
Indicó que la red no nació con los contratos recientes otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que sus antecedentes se remontan a la década de 1990, cuando comenzó a contratar con el entonces Instituto Electoral del Estado de México.
Sheinbaum se refirió además al escándalo de 2005 y afirmó que el grupo se consolidó gracias a relaciones entre empresarios y funcionarios electorales que, a lo largo de los años, han pasado por diversos organismos.
También recordó que Taddei fue designada en 2014 presidenta del organismo electoral de Sonora, bajo el gobierno de Guillermo Padrés, y que ese nombramiento se dio cuando Lorenzo Córdova encabezaba el INE.
Por otro lado, comunicó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaría presente en la presentación, pues esa instancia determinó inmovilizar algunas cuentas bancarias a raíz de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sheinbaum señaló que pidió la investigación cuando surgieron los cuestionamientos sobre las contrataciones, y adelantó que Buenrostro explicaría los antecedentes y la evolución de esta red empresarial.
La Secretaria Anticorrupción informó que, entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 organismos electorales estatales.
Según las cifras expuestas por la funcionaria, entre 2024 y 2025 las empresas investigadas lograron otros 646.3 millones de pesos a través de contrataciones con 15 organismos locales.
Buenrostro indicó que las compañías presuntamente fingían competir entre sí en las licitaciones, recurrían a prestanombres y, en ciertos casos, no contaban con infraestructura, empleados ni capacidad operativa.
La secretaria planteó también posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras, como parte de las irregularidades halladas en la investigación gubernamental.
Por su parte, Sheinbaum afirmó que el esquema no inició con Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE, y recordó que en 2014 fue designada titular del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Córdova.
La mandataria federal apuntó que, en 2023, Taddei llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que las fuerzas políticas no reunieran la mayoría requerida para elegirla.
La Mandataria opinó que las investigaciones no deben limitarse a la actual administración del organismo electoral, sino abarcar los años en que, de acuerdo con su señalamiento, se consolidaron las contrataciones.
“Por eso, ¿de dónde sale todo este cochinero? Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende, si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí”, expresó.
Sheinbaum afirmó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República establecer las responsabilidades por las contrataciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera indaga las operaciones de las empresas implicadas.