En mayo del 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos rebajó a México de Categoría 1 a Categoría 2 tras determinar que su sistema de supervisión de la seguridad aérea no cumplía con los estándares mínimos de la OACI.
Ahora, nuevamente la autoridad aeronáutica de México se somete a una evaluación de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad aérea, un examen relevante para conservar la Categoría 1 que el país recuperó en el 2023 tras permanecer más de dos años degradado.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la Administración Federal de Aviación estadounidense realiza del 10 al 14 de agosto el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) a la autoridad mexicana.
La revisión forma parte de las actividades de seguimiento previstas en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos y evalúa el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El programa IASA no evalúa directamente la seguridad de una aerolínea en particular, sino la capacidad de las autoridades de aviación civil de un país para supervisar a sus compañías aéreas de acuerdo con los estándares internacionales.
La revisión cobra especial importancia por el antecedente de mayo del 2021, cuando la FAA rebajó a México de Categoría 1 a Categoría 2 tras determinar que su sistema de supervisión de la seguridad aérea no cumplía con los estándares mínimos de la OACI.
México permaneció en esa categoría durante más de dos años hasta que, en septiembre del 2023, recuperó la Categoría 1 después de un proceso de cooperación técnica entre ambas autoridades para corregir las deficiencias detectadas.
Una eventual pérdida de la Categoría 1 tendría consecuencias especialmente relevantes para las aerolíneas mexicanas que operan hacia Estados Unidos, uno de los principales mercados internacionales de la aviación del país.
Bajo una clasificación en Categoría 2, las compañías mexicanas podrían mantener los servicios existentes hacia territorio estadounidense, pero quedarían impedidas de abrir nuevas rutas y servicios, mientras las aerolíneas estadounidenses no podrían comercializar vuelos operados por compañías mexicanas mediante acuerdos de código compartido.