La defensa pública y política que durante meses sostuvo que no existían pruebas contra funcionarios sinaloenses acusados en Estados Unidos recibió un golpe en una corte federal de Nueva York. Durante una audiencia judicial, la jueza Katherine Polk Failla afirmó que la evidencia reunida por el Departamento de Justicia contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, es “abundante” y requiere semanas de procesamiento antes de ser entregada a la defensa.
La declaración fue realizada durante la segunda comparecencia del general retirado mexicano ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La audiencia tuvo una duración menor a 20 minutos y estuvo enfocada en definir el calendario procesal de uno de los casos que más atención ha generado por sus implicaciones políticas y de seguridad en México.
El volumen de información reunida por las autoridades estadounidenses obligó a establecer un plazo de 60 días para organizar y clasificar las evidencias. Según explicó la jueza, la magnitud del expediente impide una entrega inmediata debido a la cantidad de documentos, registros y materiales que forman parte de la investigación federal.
La magistrada también señaló que el proceso involucra a múltiples acusados, una situación que añade complejidad al caso. “Los acusados están llegando en olas”, comentó durante la audiencia al referirse al avance gradual de las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y estructuras del crimen organizado.
Gerardo Mérida ingresó a la sala bajo custodia federal y encadenado de pies y manos. Durante la sesión, la fiscalía estadounidense adelantó que presentará diversas mociones relacionadas con la evidencia acumulada, mientras que los abogados defensores manifestaron su conformidad con el calendario planteado por el tribunal.
La acusación forma parte de una investigación más amplia impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que diversos funcionarios sinaloenses habrían mantenido presuntos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, liderada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre los señalados en el expediente figuran diez personas, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La amplitud de la investigación y la cantidad de involucrados explican, según el tribunal, la necesidad de destinar más tiempo al análisis y revisión de los materiales probatorios.
La próxima audiencia fue programada para el 4 de agosto. Para entonces, la fiscalía y la defensa deberán informar sobre el avance en la revisión de las evidencias y definir los siguientes pasos procesales que marcarán el rumbo del caso.
El mensaje emitido desde la corte federal de Nueva York resulta relevante porque contradice versiones difundidas en México que minimizaban o cuestionaban la existencia de pruebas. La propia jueza dejó claro que la discusión actual no gira en torno a si existe evidencia, sino al enorme volumen de información que deberá ser procesada antes de avanzar hacia las siguientes etapas judiciales.