La crisis en Sudán alcanza hoy un punto de no retorno. Coincidiendo con el tercer aniversario del estallido del conflicto armado, la Coordinadora Humanitaria de la ONU en el país, Denise Brown, advierte en un comunicado oficial que 34 millones de personas requieren asistencia inmediata. Esta estadística convierte a Sudán en la emergencia humanitaria con la “la cifra más alta del mundo”. El conflicto que el Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) libran desde 2023 ha convertido a aproximadamente dos tercios de la población del país en demandante de ayuda humanitaria, apunta el documento.
El comunicado, emitido por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), confirma que la guerra entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) mantiene a dos tercios de la población total bajo dependencia extrema de la ayuda externa. Brown califica la situación como una “crisis de enormes proporciones y sufrimiento” que ha superado cualquier límite de resistencia civil. “Se prolonga desde hace demasiado tiempo y va mucho más allá de lo que cualquier población civil debería soportar”, añade OCHA.
Además, la coordinadora señala a la destrucción de infraestructura civil como casas, mercados, hospitales o escuelas y criticó el empleo “cotidiano” de drones en zonas pobladas. Recordó que se están produciendo “repetidos ataques contra centros de salud, que matan a pacientes y trabajadores sanitarios y cortan el acceso a servicios vitales”. “En todo el país, la población está pagando el precio más alto”, aseguró Brown, remarcando que “los medios de vida de la población han quedado destrozados” y que los más de once millones de desplazados, en muchos casos obligados a huir en varias ocasiones, están dejando “desgarradas” familias y comunidades.
Además, “las mujeres y las niñas se enfrentan a una violencia sexual generalizada, que incluye violaciones y violaciones en grupo”, mientras que “los trabajadores humanitarios, la mayoría de ellos sudaneses, siguen arriesgando, y con demasiada frecuencia perdiendo, sus vidas para ayudar a otros a sobrevivir“. A pesar de todo, la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Sudán destacó que en el país africano “hay un mensaje constante” por parte de la población: “La gente habla de paz. Quieren que cese la violencia y volver a sus hogares”.
Para Brown la “resiliencia” de los civiles sudaneses es “extraordinaria”, pero “no sustituye a la responsabilidad”, por ello, desde la ONU piden a las partes “el cese inmediato de las hostilidades”, la protección de la población y las infraestructuras no militares y garantías para el ejercicio seguro de las labores humanitarias. La coordinadora también ha instado a “aumentar ya la financiación destinada a la ayuda humanitaria, ya que cualquier retraso cuesta vidas”.
Aumento de la mortalidad infantil y materna
La organización humanitaria Save the Children ha emitido una alerta urgente sobre el alarmante incremento de la mortalidad materna e infantil en Sudán. Tras tres años de conflicto armado, la sistemática destrucción de infraestructuras civiles y sanitarias ha creado un entorno de extremo peligro para miles de bebés y madres, quienes se encuentran desprotegidos ante el colapso del sistema de salud en el país norteafricano.
Las estadísticas reflejan una realidad devastadora: la tasa de mortalidad materna ha sufrido un aumento superior al 12% durante el último trienio. Según datos del Ministerio de Salud, la cifra escaló de 263 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 2022 —una de las más altas del mundo incluso antes de la guerra— a 295 muertes en 2025. A este panorama se suman las estimaciones de la ONU, que sitúan la mortalidad infantil en 42,9 por cada 1.000 nacimientos durante el último año.
Este retroceso en la salud pública está directamente vinculado a la imposibilidad de acceder a atención obstétrica de urgencia y a la crítica escasez de personal cualificado para asistir en los partos. Desde el inicio de las hostilidades en abril de 2023, entre el 70% y el 80% de los centros de salud en las zonas de combate han dejado de funcionar. Aquellos que aún permanecen operativos sobreviven en condiciones precarias, enfrentando una falta crónica de medicamentos, suministros básicos y combustible para alimentar sus generadores.
La inseguridad en el sector sanitario se ve agravada por la violencia directa contra las instalaciones médicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta finales de 2025 se verificaron más de 200 ataques contra centros de salud, ofensivas que han segado la vida de cerca de 2.000 personas y han dejado a cientos de heridos, eliminando los pocos refugios seguros que quedaban para la población civil.
El pasado marzo, un ataque con drones contra el Hospital Universitario de Ed Dain, en el estado de Darfur Oriental, causó la muerte de al menos 64 personas, entre ellas 13 niños y niñas, y dejó heridas a casi 90 más. “Los ataques contra hospitales y otras zonas civiles protegidas, que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, afectan de forma grave y permanente al acceso de las madres y los recién nacidos a la atención esencial”, dice en la nota el director nacional de Save the Children en Sudán, Mohamed Abdiladif.
“Cada minuto que dura este conflicto nacen tres bebés en condiciones que ningún niño o niña debería tener que afrontar jamás. Estos niños y niñas nacen en refugios superpoblados, en centros de salud mal equipados o dañados, o mientras sus familias se encuentran en desplazamiento. Los niños y niñas tienen derecho a recibir cuidados y protección, incluso en situaciones de conflicto”, añade.
A este escenario de colapso se suma la denuncia de Médicos Sin Fronteras (MSF), que califica la situación sanitaria como un “desierto médico” absoluto. La organización advierte que el bloqueo sistemático de suministros vitales y la inseguridad extrema están obligando al cierre de los pocos quirófanos que quedaban en pie.
Según MSF, la falta de corredores humanitarios seguros no solo impide tratar las heridas de guerra, sino que está dejando morir a miles de personas por causas prevenibles, como “partos complicados o enfermedades crónicas, convirtiendo a la población civil en rehén de una burocracia letal y de una violencia que no respeta ni siquiera a los recintos hospitalarios”.
Jartum rechaza la mediación internacional
En el plano político, el aniversario del conflicto se ve marcado por una fuerte tensión entre el Ejecutivo sudanés y la comunidad internacional. El Gobierno de Sudán ha calificado como un acto de “tutela colonial” la conferencia internacional celebrada este miércoles en Berlín, destinada a movilizar ayuda y buscar una salida política.
El Ministerio de Exteriores sudanés ha expresado su condena al no haber sido invitado ni consultado para la organización del evento, denunciando que algunos países occidentales intentan imponer sus agendas bajo el escudo de la ayuda humanitaria.
Jartum ha rechazado tajantemente lo que considera un intento de equiparar al “Gobierno legítimo” con la “milicia criminal” de las FAR. Según la nota oficial, el pueblo sudanés no aceptará que organizaciones regionales o internacionales decidan sobre sus asuntos internos sin su participación, tachando de “indiferencia” la neutralidad que algunos países alegan para justificar la exclusión de las partes en conflicto en la mesa de negociaciones de Berlín.
A pesar de estas críticas, la cumbre busca desesperadamente una solución al colapso financiero de la ayuda. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos han tenido que reducir la entrega de suministros y advierten que necesitan más de 600 millones de dólares adicionales solo para sostener sus operaciones básicas.
Con la hambruna ya confirmada en regiones como Darfur y Kordofán, la presión internacional por un acceso seguro y una financiación urgente se convierte en la única esperanza para millones de refugiados que sobreviven en condiciones infrahumanas en Chad y Sudán del Sur.
El éxodo hacia Europa y la llegada a España
Al cumplirse tres años de hostilidades, ACNUR advierte que la magnitud del desplazamiento ha trascendido las fronteras regionales. Si bien la mayoría de los refugiados permanece en países vecinos, un número creciente de sudaneses se ve forzado a emprender rutas peligrosas hacia Europa ante la falta de perspectivas de paz.
En lo que va de 2026, España se ha convertido en un punto de llegada clave: se estima que unos 600 refugiados han entrado a través de Ceuta, posicionando a Sudán como una de las principales nacionalidades entre quienes llegan a la ciudad autónoma.
Este movimiento es el resultado de un deterioro dramático. Desde abril de 2023, más de 14 millones de personas han abandonado sus hogares, consolidando a Sudán como una de las mayores crisis de desplazamiento del planeta. La población civil atrapada en el país no solo huye de la violencia directa, sino también de una inseguridad alimentaria severa y un acceso casi nulo a servicios básicos, factores que convierten la supervivencia diaria en un desafío extremo.
La tendencia al alza en las rutas migratorias hacia el continente europeo es un síntoma claro del agotamiento de los recursos en las naciones limítrofes. Entre 2024 y 2025, las llegadas de sudaneses a Europa aumentaron un 232%, alcanzando a más de 14,000 personas.
Según los organismos internacionales, estas cifras evidencian la necesidad urgente de reforzar las respuestas de protección y de implementar soluciones de desarrollo sostenibles que permitan a los refugiados vivir con dignidad mientras el conflicto persista.
Mientras la cruenta guerra civil de Sudán cumple este miércoles tres años, decenas de sudaneses refugiados en Nairobi se congregaron en el céntrico Parque Uhuru con una petición a la población keniana y a la comunidad internacional: “Mantened la vista en Sudán”.
Durante un acto conmemorativo refugiados sudaneses como Abdelmonim Ali, profesor universitario de inglés, compartieron testimonios de huidas desesperadas. Ali, quien caminó más de 400 kilómetros tras los bombardeos en Jartum, lidera ahora iniciativas educativas para otros refugiados, destacando que casi todas las universidades del país están paralizadas y que la enseñanza en línea es prácticamente imposible por la falta de infraestructuras digitales.
Como símbolo de esperanza y memoria, la organización Amnistía Internacional plantó tres árboles neem en honor a las víctimas. Este árbol, usado medicinalmente en Kenia, es un icono en Sudán por ofrecer la sombra donde tradicionalmente se reúnen las comunidades. Los árboles rinden tributo a los desplazados, a las mujeres y niñas que sufren violencia sexual sistemática y a los miles de civiles masacrados durante la caída de ciudades clave como El Fasher. Además, autobuses con el mensaje de alerta recorrerán Nairobi durante los próximos meses para combatir el olvido internacional.
La magnitud de la tragedia se resume en cifras estremecedoras al cumplirse este tercer aniversario: cerca de 150.000 muertes y 30 millones de personas —más de la mitad de la población sudanesa— en situación de necesidad alimentaria extrema. Mientras la violencia sexual y el hambre se consolidan como armas de guerra en las zonas controladas por ambos bandos, los exiliados insisten en que la resiliencia no es suficiente; exigen una presión internacional real que fuerce el cese de las hostilidades para poder, finalmente, regresar a sus hogares.