La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el uso del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) por 134 millones de pesos durante la gestión del ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez (2019-2021).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 se destinaron 47 millones 755 mil pesos para Tijuana, 40 millones 882 mil pesos para Mexicali, 20 millones 307 mil pesos para Ensenada, casi 10 millones para Tecate y 16 millones de pesos para Playas de Rosarito.

Con base en las reglas de operación del Fortaseg, la administración estatal es la encargada de canalizar estos recursos a los gobiernos municipales, todos ellos de extracción morenista. Sin embargo, se carece de comprobantes de la transferencia de recursos a los ayuntamientos y de productos financieros.

La auditoría detectó una serie de irregularidades, entre ellas que no existe registro alguno en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los comprobantes de transferencias a los cinco municipios beneficiarios del fondo federal.

El gobierno estatal tampoco acreditó los recibos de recepción de los rendimientos financieros transferidos a los municipios ni presentó evidencia de la cuenta bancaria del Fortaseg a la Tesorería de la Federación, además de que fue inadecuado el registro contable de los rendimientos financieros.

Los programas nacionales a beneficiarse con los recursos del fondo federal en este ejercicio fiscal son los de impulso al modelo nacional de policía y justicia cívica, la profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiacos e instituciones de seguridad pública, así como su equipamiento e infraestructura, la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y el Sistema Nacional de Información.

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