En Venezuela se está aceitando un nuevo modus operandi en la mecánica represiva contra personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos: primero, algunos medios de comunicación vinculados al gobierno de Nicolás Maduro lanzan campañas de estigmatización –los tachan de “terroristas”, “enemigas del Estado” u “instrumentos de la política exterior estadounidense”–, y en un plazo de tres días agentes uniformados los detienen arbitrariamente.
De acuerdo con un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI), el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y el Foro Penal, muestra la “correlación directa” entre los “eventos de estigmatización” lanzados desde algunos medios de comunicación, y las detenciones arbitrarias documentados entre enero de 2019 –año marcado por protestas masivas– y junio de 2021.
Aparte, señala que este fenómeno va en aumento: en 2019, 29% de las detenciones arbitrarias eran precedidas por ataques de un sector de la prensa afín al gobierno o al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en 2020 eran 42%, y en 2021 alcanzó la tasa de 77%.
Así el año pasado, ocho de cada diez detenciones arbitrarias fueron precedidas por campañas de estigmatización en los medios gubernamentales o afines al gobierno, como los sitios Misión Verdad, El Mazo Dando –dirigido por Diosdado Cabello, pieza clave en el sistema político de Maduro– o Lechuguinos, cuyos ataques derivaron en decenas de ocasiones en detenciones arbitrarias perpetradas por agentes del Estado, especialmente de los cuerpos de inteligencia civil y militar.
“En otras palabras, a mayor número de estigmatizaciones, las detenciones arbitrarias aumentan, y lo mismo puede predicarse cuando disminuyen, demostrando que en vez de ser hechos aislados, las estigmatizaciones son parte fundamental de la política de represión y acentúan el factor discriminatorio y de persecución de las detenciones arbitrarias”, se alarmaron las organizaciones.
Entre las víctimas de detenciones arbitrarias figuran defensores de los derechos humanos y la sociedad civil “cooperaban o se percibía que cooperaban con la ONU”, quienes fueron tachados por los medios señalados como “criminales”, “mercenarios”, “ladrones”, “terroristas” o “enemigos del Estado”.
De acuerdo con su base de datos, inspirada en los estándares internacionales de derechos humanos, se reportaron 359 eventos de estigmatización y mil 270 detenciones arbitrarias entre enero de 2019 y junio de 2021; aparte, desde 2014 por lo menos 875 civiles han sido investigados, procesados o juzgados por tribunales militares, a menudo por motivos como “traición a la patria”, “ultraje al centinela” o “rebelión”.
“En el año 2019, un año marcado por masivas protestas ciudadanas a nivel nacional, la estigmatización en medios de comunicación oficialista tuvo una correlación especialmente alta con los tribunales especiales en materia de terrorismo, mientras que en el 2020 esto ocurrió con los tribunales de la jurisdicción militar”, observaron.
En su informe, AI y las demás organizaciones dejaron muy claro que su voluntad no busca limitar la libertad de prensa o de expresión, sino exhibir la correlación entre los medios afines al poder y las detenciones arbitrarias, en un contexto en el que el gobierno de Maduro llevó a la quiebra a varios medios de comunicación privados y alentó la creación de medios alineados con sus posturas ideológicas y políticas.
“Si bien la libertad de opinión no contiene ninguna limitación en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a expresar esa opinión si tiene restricciones”, recalcaron.
Subrayaron que, en 2011, la Relatoría Especial para personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2011, definió las estigmatizaciones como la caracterización de personas defensoras como “terroristas”, “enemigas del Estado” u “oponentes políticos” por parte de autoridades estatales y medios de comunicación estatales y su uso para deslegitimar su trabajo, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones a derechos humanos”.
E insistieron: “Las estigmatizaciones, que en sí mismas se definen como actos discriminatorios y de ataques que tienden a afianzar discursos y narrativas confrontativas y del ‘ellos’ contra ‘nosotros’, son utilizadas como una herramienta más para la represión. Sin duda alguna las estigmatizaciones y su reflejo en las detenciones arbitrarias por motivos políticos señalan hacia los factores discriminatorios con los que se producen las afectaciones a derechos humanos en Venezuela y los crímenes de derecho internacional”.