El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará este viernes las impugnaciones a las intenciones del presidente Joe Biden de hacer obligatoria la vacuna contra COVID 19 a millones de trabajadores del país.
Tras meses de estar llamando a las personas indecisas o reacias a vacunarse, Joe Biden hizo más presión en septiembre “Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando”, dijo.
El presidente Biden hizo que las vacunas anti COVID fueran obligatorias en las empresas que tuvieran desde 100 trabajadores, así mismo con los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos federales.
Los empleados que no estén vacunados tendrán que presentar pruebas negativas semanalmente y usar mascarilla en todo momento durante la jornada laboral.
La administración de la salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) dio de plazo hasta el 9 de febrero para que las empresas cumplan con la nueva obligación, de no acatar la imposición se podrían enfrentar a diversas multas.
La decisión de hacer obligatoria la vacuna fue cuestionada inmediatamente por algunos legisladores republicanos y propietarios de empresas, argumentaron que es una violación a los derechos individuales y un abuso de poder por parte del gobierno.
Las empresas con más de 100 empleados representan aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del sector privado, aproximadamente 80 millones de personas
En un escrito que se presentó al tribunal en nombre del gobierno, la fiscal general Elizabeth Prelogar, señala que las medidas son necesarias “frente a la pandemia más mortífera en la historia de la nación”.
“Los trabajadores se enferman gravemente y mueren porque están expuestos al virus”, declaró Prelogar. Dijo que la obligación de vacunarse salvará la vida de más de 6 mil 500 trabajadores y evitará más de 250 mil hospitalizaciones en seis meses.
La respuesta de las empresas
A pesar de todo, un grupo de 26 accionistas empresariales consideraron que una imposición así a la vacunación “infligirá un daño irreparable a cientos de miles de empresas”.
Las empresas estarán obligadas a traspasar los costes por las vacunas y las pruebas COVID a los consumidores, algo que desembocará en “Precios aún más altos en un momento de inflación récord”, argumentaron.
“La conmoción laboral resultante devastará las ya frágiles cadenas de suministro y los mercados laborales”, concluyeron.
Los estados gobernados por republicanos, encabezados por Misuri, afirmaron que obligar a los trabajadores de la salud a vacunarse “amenaza con crear una crisis en las instalaciones de atención médica en las zonas rurales de Estados Unidos”.
“Se estaría obligando a millones de trabajadores a elegir entre perder sus puestos de trabajo o cumplir con un mandato federal ilegal”, argumentaron.
El gobierno respondió que el número de personas que han dejado sus trabajos ante la obligación de vacunarse ha sido realmente bajo.
En un hospital de Houston, Texas, por ejemplo, de los 26 mil empleados sólo 153 se fueron para evitar cumplir con el mandato. Varias corporaciones, incluida “el gigante de la carne” Tyson Foods y la aerolínea United Airlines, impusieron mandatos de vacunación en septiembre sin sufrir alteraciones relevantes.
¿Quienes deciden al final?
El Supremo está integrado por nueve magistrados, seis conservadores y tres liberales, todos ellos vacunados con las dos dosis de refuerzo, según el propio organismo.
El tribunal confirmó la obligación de vacunación impuesta a los estudiantes universitarios y trabajadores de la salud por las autoridades locales, sin embargotambién frenó decisiones federales relacionadas con la pandemia, por ejemplo hizo la anulación a una moratoria a los desalojos de las viviendas.
Si la corte decide bloquear la decisión del gobierno sobre la imposición de la vacuna, eso significaba un gran golpe para Biden, quien convirtió el control de la pandemia una de sus prioridades, y es que se enfrenta a un aumento de casos debido a la variante omicrón.
La vacunación se ha convertido en un tema de polarización política en Estados Unidos, donde el 62% de la población está vacunada. El país ha registrado hasta ahora más de 58 millones de casos de COVID y más de 830 mil muertes.