En los últimos días, durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha denunciado el outsourcing, de hecho el pasado miércoles 27 de octubre el mandatario aseguró que busca prohibir, no sólo regular, esta práctica al considerar que permite la evasión fiscal de “mucho más” de 21 mil millones de pesos.

Sin embargo, este 29 de octubre, la asociación civil Méxicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que asegura que el gobierno del mandatario paga hasta cinco mil millones de pesos a empresas que se dedican a este esquema de subcontratación.

Según la publicación, el Banco del Bienestar es la dependencia que más ha gastado en este concepto con un gasto de 408 millones de pesos a cuatro empresas de este tipo en el 2019 y en lo que va de este 2020 el gasto se elevó a 463 millones de pesos.

Otra de la dependencia con más gastos en este ámbito es la Secretaría de Hacienda que en un solo contrato pagará 670 millones de pesos para poder subcontratar a cerca de mil empleados en todo el país.

En los contratos a los que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se defiende este esquema de trabajo:

“Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto, aunado a que podría traer como consecuencia la falta de credibilidad en el actual gobierno, ya que uno de sus principales ejes rectores es la entrega de recursos de programas sociales”.

Algunas de las áreas del Gobierno Federal que utilizan estos esquemas son las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación. También los servicios de educación en línea y administración de becas fueron delegados a empresas de outsourcing.

El outsourcing es parte de la reforma laboral de 2012, que promulgó el ex presidente Felipe Calderón, y permite que una empresa pueda delegar a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 % de reducción de costos.

En este contexto cabe destacar que el actual Gobierno de México ha integrado desde enero pasado un grupo intersectorial para combatir la subcontratación irregular, un esquema que presuntamente resultó en 380 mil despidos en 2019.

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