El Gobierno de México prepara un decreto para establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales y proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que promuevan la violencia, el acoso, la explotación sexual y las autolesiones. La medida contempla filtros por edad, herramientas de supervisión parental y mecanismos para denunciar publicaciones que representen un riesgo para los menores.

Durante la conferencia mañanera de este viernes la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó las disposiciones que deberán cumplir las empresas tecnológicas para garantizar entornos digitales más seguros. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el documento podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.

La iniciativa surge después de los hechos de violencia registrados en Coahuila y busca evitar que las redes sociales se conviertan en espacios para promover agresiones, particularmente en el entorno escolar.

De acuerdo con las disposiciones presentadas, las plataformas deberán impedir el acceso, la exposición o la recomendación a menores de edad de contenidos que promuevan o generen conductas violentas o que representen un riesgo para su integridad.

Entre los contenidos contemplados se encuentran:

*           Discursos de odio y extremismo violento.

*           Abuso, explotación y violencia sexual.

*           Suicidio y autolesiones deliberadas.

*           Trastornos alimenticios.

*           Violencia en el entorno escolar.

*           Acoso, ciberacoso y ciberbullying.

*           Material sexual explícito.

*           Conductas ilícitas.

Las medidas buscan reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a publicaciones que puedan poner en peligro su bienestar físico y emocional.

El decreto contempla una serie de responsabilidades para las empresas que operan redes sociales y otros servicios digitales. El objetivo es que la seguridad de los menores forme parte del funcionamiento de las plataformas y no dependa únicamente de las decisiones de cada usuario.

Estas son las principales obligaciones anunciadas:

*           Identificar y retirar contenido violento. Las plataformas deberán detectar y eliminar cuentas o publicaciones que promuevan o generen distintas formas de violencia.

*           Clasificar los contenidos por edad. Tendrán que implementar mecanismos que permitan diferenciar las publicaciones adecuadas para niñas, niños y adolescentes.

*           Facilitar la supervisión parental. Deberán ofrecer herramientas accesibles para que madres, padres y tutores puedan supervisar la actividad digital de los menores.

*           Habilitar mecanismos de denuncia. Los usuarios deberán contar con opciones para reportar cuentas y publicaciones que representen un riesgo o promuevan conductas violentas.

*           Activar la privacidad por defecto. Las cuentas de menores deberán contar desde el inicio con las configuraciones de seguridad más protectoras, sin que sea necesario activarlas manualmente.

*           Mantener contacto permanente con las autoridades. Las empresas deberán disponer de un canal de comunicación las 24 horas del día, durante todo el año, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras.

*           Preservar y entregar evidencia. Las plataformas deberán conservar y proporcionar información relacionada con investigaciones cuando las autoridades competentes la soliciten.

*           Alertar sobre amenazas contra la vida. Cuando detecten contenidos que atenten contra la vida de las personas, deberán informar de inmediato a las autoridades.

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