Más de 600 mil millones de pesos en pérdidas estimadas, más de 7 mil carpetas de investigación abiertas, 350 pipas aseguradas y alrededor de 120 millones de litros de combustible ilegal decomisado, son las cifras que deja el llamado huachicol fiscal en México.
En el centro de este episodio aparece Rafael Marín Mollinedo, quien estuvo al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, hasta marzo de 2026. Su gestión quedó marcada por cuestionamientos sobre la operación de las aduanas y el combate al contrabando de combustibles.
El huachicol fiscal consiste en introducir y comercializar combustibles evadiendo impuestos y controles aduaneros. De acuerdo con investigaciones periodísticas y reportes nacionales, esta modalidad habría provocado pérdidas superiores a los 600 mil millones de pesos a nivel nacional.
El impacto, sin embargo, no se limita a las cifras nacionales. Quintana Roo, un estado que depende fuertemente del comercio exterior, que cuenta con puertos estratégicos y que mantiene una de las industrias turísticas más importantes del país, resiente de manera directa el funcionamiento de las aduanas y sus mecanismos de control.
En ese contexto, la posibilidad de que Marín Mollinedo busque nuevamente un papel político relevante en Quintana Roo abre una interrogante inevitable: ¿Puede un estado estratégico como Quintana Roo depositar su confianza en un operador cuya gestión quedó rodeada de cuestionamientos sobre el control aduanero y el combate al contrabando?
El expediente del huachicol fiscal aún tiene muchas preguntas abiertas y para Quintana Roo las consecuencias podrían ir mucho más allá de una cifra en un informe.