La senadora, Mariela Gutiérrez Escalante, salió a responder a los señalamientos sobre una residencia valuada en 36.5 millones de pesos en Ozumbilla, Tecámac, luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegurara que el inmueble no aparece en sus declaraciones patrimoniales.
La legisladora negó haber ocultado bienes y sostuvo que la propiedad dejó de pertenecerle desde 2014, cuando decidió cederla a sus hijos en medio de su proceso de divorcio. Según explicó, por esa razón no estaba obligada legalmente a reportarla.
“La propiedad fue mía, hoy es de mis hijos. No es delito tener propiedades en México”, afirmó durante una entrevista en el Senado de la República, donde insistió en que el inmueble fue transferido hace más de una década.
Casa en Tecámac y usufructo vitalicio: la explicación de Mariela Gutiérrez ante polémica patrimonial
De acuerdo con la versión de la morenista, el predio donde se construyó la residencia fue adquirido en 2002, aunque aseguró que el origen del patrimonio proviene de una herencia familiar ligada a terrenos y propiedades en Ozumbilla.
Gutiérrez Escalante señaló que existe una cláusula de usufructo vitalicio que le permite continuar habitando la vivienda mientras viva, aun cuando jurídicamente esté a nombre de sus hijos. Argumentó que este tipo de acuerdos son comunes en diversas comunidades mexiquenses.
La explicación, sin embargo, llega en medio de un creciente escrutinio público hacia integrantes de Morena por presuntas inconsistencias patrimoniales, un tema que ha golpeado repetidamente el discurso de austeridad impulsado por el oficialismo desde 2018.
Aunque la senadora defendió la legalidad del movimiento patrimonial, también reconoció que actualizará su declaración patrimonial “para no dejar dudas”, una decisión que ocurre después de la difusión pública del reportaje y de la presión mediática generada en redes sociales.
Morena vuelve a confrontar a organizaciones civiles tras reportaje sobre patrimonio de senadora
La exalcaldesa de Tecámac también lanzó críticas directas contra el trabajo de MCCI, al considerar que la organización publicó la información sin buscar previamente su postura.
“Es evidente que no se trató de una investigación porque no contrastaron la información”, reclamó.
El señalamiento refleja otro frente constante entre figuras de Morena y organizaciones civiles dedicadas a investigar corrupción y patrimonio de funcionarios, a las que frecuentemente el oficialismo acusa de actuar con sesgo político.
La explicación, sin embargo, llega en medio de un creciente escrutinio público hacia integrantes de Morena por presuntas inconsistencias patrimoniales, un tema que ha golpeado repetidamente el discurso de austeridad impulsado por el oficialismo desde 2018.
Aunque la senadora defendió la legalidad del movimiento patrimonial, también reconoció que actualizará su declaración patrimonial “para no dejar dudas”, una decisión que ocurre después de la difusión pública del reportaje y de la presión mediática generada en redes sociales.