La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, negó ser autora de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de José Octavio García, quien se desempeña como administrador del organismo.
La denuncia señala presuntas omisiones por parte de Octavio García ante irregularidades de 63.2 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la adquisición de materiales electorales.
La consejera Gómez Puga dijo este jueves durante una conferencia de prensa que el documento es un montaje que suplanta su identidad.
La consejera electoral Frida Gómez Puga se deslindó este jueves de una denuncia que se presentó a su nombre el pasado 11 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en la cual se revelan irregularidades en un contrato que el INE entregó sin licitación a una empresa para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro de capacitación electoral en el proceso electoral 2023-2024.
En conferencia de prensa, la recién nombrada consejera del INE afirmó que dicho escrito de denuncia no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por ella.
“La firma que aparece en ese documento es apócrifa, y no corresponde a mi puño y letra, ni a mi voluntad jurídica”, sostuvo. Acusó un daño en detrimento de su consejería y a la integridad del INE.
En la conferencia, Gómez Puga no aceptó preguntas de los periodistas, pues argumentó que presentará una denuncia por la posible comisión de delitos.
El documento de la denuncia, que tiene el nombre de la consejera, fue recibido en la FGR el 11 de mayo pasado. Se argumenta que el contrato del INE con la empresa Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V. se realizó por adjudicación directa por más de 63 millones de pesos, y el mismo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo verificar porque el INE no le entregó los resultados del estudio de mercado que supuestamente llevó a cabo, ni tampoco tuvo acceso a la información respecto a las supuestas visitas realizadas por personal del instituto a las instalaciones de los participantes en dicho estudio.
“Las visitas a las instalaciones exclusivamente de Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V., realizadas de manera posterior a la investigación de mercado, y ya dentro de la operación del contrato suscrito con el proveedor para verificar la producción de los materiales contratados, para la realización de dichas visitas, el domicilio donde se llevaron a cabo no es el estipulado en el contrato, ya que este corresponde a la empresa Formas Finas y Materiales S.A. DE C.V., la cual también es proveedora del Instituto Nacional Electoral y no forma parte del contrato suscrito por Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V. con el Instituto Nacional Electoral”, argumentó la denuncia.
Además, mencionó que la liberación de los pagos y el depósito de estos a Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V. se realizó hasta el 31 de diciembre de 2024, pero el INE dijo a la ASF que las facturas del proveedor fueron expedidas el 13 y 14 de mayo del 2024, aún cuando éstas tuvieron observaciones por parte de la Dirección de Recursos Financieros del propio instituto.
El 11 de septiembre de 2024 remitió los rechazos al trámite de pago de dichas facturas por defectos de estas. Sin embargo, Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V. no sustituyó las facturas y, sin embargo, siete y medio meses después, el INE de todos modos cubrió la totalidad del adeudo, sin tener registros fidedignos respaldando la recepción de los materiales contratados.
“Con base en lo anterior, salvo error de criterio y/o apreciación, me atrevo a afirmar que los hechos ahora denunciados pudieren establecer que se configuraron hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos del orden federal, así como que algunos de los sujetos señalados en los párrafos anteriores lo cometieron o participaron en la comisión de estos, particularmente los de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214; encubrimiento, previsto en el artículo 400; falsedad en informes dados a la autoridad, previsto en el artículo 247; cohecho, previsto en el artículo 222; todos ilícitos previstos en el Código Penal Federal”, planteó la denuncia de la cual se deslindó este jueves la consejera Frida Gómez Puga.