Casi una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y The Washington Office on Latin America, enviaron una carta al presidente argentino, Alberto Fernández, en la que lo instaron a pedir al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos, y en particular del defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, quien cumplirá un año encarcelado.
“Nos dirigimos tras sus recientes declaraciones sobre Venezuela para compartir información sobre la situación del defensor de derechos humanos venezolano Javier Tarazona, quien lleva varios meses detenido arbitrariamente a pesar de su delicada condición de salud. Lo instamos respetuosamente a que le pida públicamente a las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro la liberación de Tarazona”, comienza la misiva.
Luego recuerda que el 2 de julio del año pasado, la Policía venezolana detuvo a tres miembros de la organización de derechos humanos Fundaredes al salir del Ministerio Público del estado Falcón, donde habían denunciado varios actos de acoso por parte de los servicios de inteligencia y de hombres armados no identificados.
“Poco antes, la organización había acusado a las autoridades venezolanas de tener nexos con grupos armados en el estado Apure. Los activistas fueron acusados de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, en base a publicaciones que habían realizado en redes sociales y en la página de la organización. Dos de ellos fueron liberados el 26 de octubre con la condición de que se presenten ante la justicia cada ocho días mientras se realiza el juicio en su contra. Javier Tarazona, el director de la organización, continúa detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Miembros de Fundaredes que se han comunicado con Javier Tarazona afirman que ha sido víctima de torturas y que sus necesidades médicas no han sido atendidas”, consignaron las ONG.
Javier Tarazona
Y siguieron: “Desde 2014, varias de las organizaciones firmantes hemos documentado graves casos de tortura contra quienes se encontraban detenidos arbitrariamente en sedes del SEBIN y nos hemos unido a las más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana que han exigido la liberación de Tarazona y el fin de los esfuerzos gubernamentales para cerrar espacios cívicos en el país. La Alta Comisionada Bachelet expresó su preocupación por el caso de Fundaredes, señalándolo como un ejemplo de las restricciones al espacio cívico, ‘en particular la estigmatización, criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y miembros de la oposición’. Durante su última actualización oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo, la Alta Comisionada expresó que sigue ‘preocupada por los enjuiciamientos’ y que, a pesar de la liberación de dos miembros de Fundaredes, estos siguen ‘enfrentándose a cargos penales’, mientras Tarazona sigue detenido y ‘su salud parece deteriorarse’.
La misiva recordó que, “igualmente, cuatro relatores temáticos y un grupo de trabajo de la ONU enviaron dos comunicaciones al Estado venezolano, en julio de 2021 y enero de 2022, solicitando información sobre el caso de Tarazona y manifestando su preocupación por la falta de atención medica necesaria, sin obtener respuesta”.
Las ONG enfatizaron en su carta a Alberto Fernández: “Como organizaciones de derechos humanos que llevamos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela, disentimos de su diagnóstico de que los problemas en Venezuela ‘se han disipado’, así como de declaraciones de la portavoz de su gobierno que sugieren que en Venezuela hay ‘democracia’”.
“La detención de Javier Tarazona es un ejemplo paradigmático de la intolerancia y los abusos del gobierno de Nicolás Maduro. Consideramos que es fundamental que en cualquier comunicación con las autoridades venezolanas se haga hincapié en la necesidad de poner fin a la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como la liberación de los 239 presos políticos detenidos en Venezuela, según el Foro Penal”, pidieron las ONG.
Por último, expresaron: “Confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo con su gobierno sobre la situación real en Venezuela. Estamos a su disposición para mantener una conversación fluida sobre este y otros casos documentados por las organizaciones firmantes”.
Las organizaciones firmantes son Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Amnistía Internacional, Caleidoscopio Humano, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Civilis Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Foro Penal, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch, Laboratorio de Paz, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), The Washington Office on Latin America (WOLA) y Un Mundo sin Mordaza.
La carta de las ONG a Alberto Fernández
27 de abril de 2022
S.E. Alberto Fernández
Presidente de la Nación Argentina
Buenos Aires, Argentina
De nuestra mayor consideración,
Nos dirigimos a S.E. tras sus recientes declaraciones sobre Venezuela para compartir información
sobre la situación del defensor de derechos humanos venezolano Javier Tarazona, quien lleva
varios meses detenido arbitrariamente a pesar de su delicada condición de salud. Lo instamos
respetuosamente a que les pida públicamente a las autoridades venezolanas que responden a
Nicolás Maduro la liberación de Tarazona.
El 2 de julio del 2021, la policía venezolana detuvo a tres miembros de la organización de
derechos humanos Fundaredes al salir del Ministerio Público del estado Falcón, donde habían
denunciado varios actos de acoso por parte de los servicios de inteligencia y de hombres armados
no identificados. Poco antes, la organización había acusado a las autoridades venezolanas de
tener nexos con grupos armados en el estado Apure. Los activistas fueron acusados de traición a
la patria, terrorismo e incitación al odio, en base a publicaciones que habían realizado en redes
sociales y en la página de la organización. Dos de ellos fueron liberados el 26 de octubre con la
condición de que se presenten ante la justicia cada ocho días mientras se realiza el juicio en su
contra. Javier Tarazona, el director de la organización, continúa detenido en la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Miembros de Fundaredes que se han
comunicado con Javier Tarazona afirman que ha sido víctima de torturas y que sus necesidades
médicas no han sido atendidas.
Desde 2014, varias de las organizaciones firmantes hemos documentado graves casos de tortura
contra quienes se encontraban detenidos arbitrariamente en sedes del SEBIN y nos hemos unido
a las más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana que han exigido la liberación de
Tarazona y el fin de los esfuerzos gubernamentales para cerrar espacios cívicos en el país.
La Alta Comisionada Bachelet expresó su preocupación por el caso de Fundaredes, señalándolo
como un ejemplo de las restricciones al espacio cívico, “en particular la estigmatización,
criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los
medios de comunicación y miembros de la oposición”. Durante su última actualización oral sobre
la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo, la Alta Comisionada
expresó que sigue “preocupada por los enjuiciamientos” y que, a pesar de la liberación de dos
miembros de Fundaredes, estos siguen “enfrentándose a cargos penales”, mientras Tarazona
sigue detenido y “su salud parece deteriorarse”.
Igualmente, cuatro relatores temáticos y un grupo de trabajo de la ONU enviaron dos
comunicaciones al Estado venezolano, en julio de 2021 y enero de 2022, solicitando información
sobre el caso de Tarazona y manifestando su preocupación por la falta de atención medica
necesaria, sin obtener respuesta.
Como organizaciones de derechos humanos que llevamos años documentando violaciones de
derechos humanos en Venezuela, disentimos de su diagnóstico de que los problemas en
Venezuela “se han disipado”, así como de declaraciones de la portavoz de su gobierno que
sugieren que en Venezuela hay “democracia”. La detención de Javier Tarazona es un ejemplo
paradigmático de la intolerancia y los abusos del gobierno de Nicolás Maduro. Consideramos que
es fundamental que en cualquier comunicación con las autoridades venezolanas se haga hincapié
en la necesidad de poner fin a la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas
independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como
la liberación de los 239 presos políticos detenidos en Venezuela, según el Foro Penal.
Confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo con su gobierno
sobre la situación real en Venezuela. Estamos a su disposición para mantener una conversación
fluida sobre este y otros casos documentados por las organizaciones firmantes.
Aprovechamos la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de nuestra más alta
consideración y estima.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Acción Solidaria
AlertaVenezuela
Amnistía Internacional
Caleidoscopio Humano
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Civilis Derechos Humanos
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Foro Penal
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Human Rights Watch
Laboratorio de Paz
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
The Washington Office on Latin America (WOLA)
Un Mundo sin Mordaza