El ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso invalidar parte de la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre por el Congreso, que afectó a los mercados y alertó a inversionistas.
El proyecto propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados contenida en la reforma judicial.
González Alcántara plantea la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, al considerar que “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.
Según el documento, no se ofrece certeza sobre los requisitos que los aspirantes deben cumplir para ser incluidos en las listas de votación, ni claridad respecto a los espacios y contenidos que podrían ser utilizados como promesas de campañas.
Asimismo, argumenta que no hay seguridad “para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”.
“En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, sostiene el proyecto.
En este sentido consideró que la elección y sus procesos “corrompen los fundamentos” de una nación representativa y democrática.
No obstante, no se pronuncia respecto a la elección popular de los ministros de la Suprema Corte, ni de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina Judicial, por considerar que la Corte debe hacer “un ejercicio de autocontención” ante la crisis constitucional en curso.
Por otro lado, sugirió la eliminación de la figura de “jueces sin rostro”, con la que se plantea “resguardar la identidad” de algunos juzgadores para protegerlos del crimen organizado.
Según expuso el ministro, dicha medida es contraria a las garantías del debido proceso “que deben ser respetadas en cualquier acusación”, en especial en materia penal.
Además, rechazó la creación de comités de evaluación para revisar y controlar los perfiles de los candidatos a cargos en el Poder Judicial, así como el método de selección de jueces federales.
El proyecto se hizo público este lunes, luego de que la Corte se declaró en octubre competente para analizar si la reforma a la Constitución, que plantea la elección de jueces por voto popular, afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
“Esa decisión es consecuente con la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y, en términos más generales, de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial analizada”, dice el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Para que sea aprobado, el proyecto, promovido por juristas y partidos de oposición, requiere de al menos ocho de los 11 votos del pleno de la Corte. Tres ministras se han pronunciado públicamente a favor de la reforma planteada por AMLO.
Aún no hay fecha para la votación, pero se estima que sea antes del 30 de noviembre, cuando dejará el cargo el ministro Luis María Aguilar tras el fin de su periodo de 15 años.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado la decisión de la Corte de analizar la constitucionalidad de la reforma en momentos en que el Congreso, dominado por el oficialismo, discute una iniciativa para asegurar que no se puedan impugnar reformas a la Carta Magna, una medida que ha sido calificada de autoritaria por la oposición.
A fines de septiembre el INE dio el inicio formal para el proceso electoral del próximo año derivado de la reforma judicial.
En junio de 2025 se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte, que pasará de 11 a nueve integrantes, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.