El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un viaje de tres días a Miami, en Estados Unidos, “para atender asuntos de índole personal” en plena crisis con México tras el asalto policial a su Embajada mexicana en Quito el pasado viernes para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, que había recibido asilo y sobre quien pesaba una orden de ingreso en prisión.

En un decreto, Noboa informó que se ausentará del país desde este miércoles hasta el viernes 13, y que sólo irá acompañado de su jefe de seguridad.

El mandatario ecuatoriano, nacido en 1986 en Miami, ha viajado con frecuencia a esa ciudad desde que asumió la jefatura del Estado en noviembre de 2023, especialmente por el nacimiento en enero en esa misma ciudad de su tercer hijo, el segundo con su esposa Lavinia Valbonesi.

El gobernante, de 36 años, también fue a Estados Unidos después de su viaje oficial a España para participar en la Fitur, la feria internacional de turismo de Madrid, donde Ecuador ejercía como país invitado de honor.

Asimismo, recientemente también se desplazó a Canadá para participar en el PDAC, la mayor feria del mundo dentro del sector minero, con el objetivo de atraer inversiones para el desarrollo de proyectos mineros en el país, lo que ha despertado una fuerte oposición del movimiento indígena.

Noboa inició este nuevo viaje a Estados Unidos mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaba una resolución que condena enérgicamente el asalto a la Embajada de México en Quito, donde sólo la delegación ecuatoriana votó en contra.

En esa resolución también se instaba a respetar la Convención de Asilo Diplomático que el Gobierno ecuatoriano considera que fue infringida por México al otorgar asilo a Glas, quien tiene dos condenas por corrupción pendientes de terminar de cumplir y un nuevo proceso en marcha donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos).

El exvicepresidente, que fue uno de los hombres fuertes dentro del Gobierno de Correa, siempre ha rechazado las condenas y acusaciones al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), algo que el Gobierno ecuatoriano niega enfáticamente.

La irrupción de la Policía ecuatoriana en la sede diplomática de México llevó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a romper las relaciones con Ecuador y anunciar que denunciará al Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar violada su soberanía y el derecho internacional.

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