El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al código penal para sancionar con penas de cárcel de 3 a 7 años y multas de 50 a 103 mil pesos a quienes roben, vendan o compren alcantarillas, tapas de registro, mobiliario de la red de agua potable, de la red de drenaje, señalización vial, mobiliario de gimnasios al aire libre o de parques, o cualquier mobiliario urbano.
El dictamen es el resultado de nueve iniciativas presentadas por las diferentes bancadas y una de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Una de esas iniciativas es de Luis Chávez, del PAN, quien señaló en tribuna: “nuestra iniciativa la presentamos desde noviembre del 2021, la cual estuvo en la congeladora por varios años, y como dicen, ‘ya ahogado el niño quieren tapar el pozo”, dijo en relación a la muerte de las jóvenes Sofía y Esmeralda, que fallecieron en noviembre del año pasado al caer a una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco.
Y argumentó que “no nada más es aprobar la iniciativa de incrementar las penas, hay una investigación de la policía de investigación que muestra que el mayor robo lo hacen las personas en situación de calle, los indigentes, entonces ¿De quién es problema esta parte? De Sibiso” e insistió en la necesidad de atender a la población en situación de calle.
De lo contrario, argumentó Chávez “terminarán en la calle las personas que roban por necesidad y no verdaderos criminales”.
El dictamen para castigar el robo, venta y compra de mobiliario urbano, lo presentó ante el pleno el diputado local de Morena, Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y expresó que el dictamen “busca ayudar a frenar y sobre todo a sancionar debidamente a quienes atenten, dañen y/o lucren con el equipamiento y mobiliario urbano. Las citadas conductas son el origen de lamentables accidentes y de focos de inseguridad”.