El Observatorio Electoral mostró su preocupación por investigaciones periodísticas sobre candidaturas que sugieren que personas con acusaciones por corrupción, presunta comisión de delitos o vínculos con el crimen organizado están participando para llegar a cargos dentro del Poder Judicial.
Se refirieron a las denuncias de la organización Defensores que menciona a cuatro integrantes de la iglesia la Luz del Mundo, dentro de las candidaturas, y otras siete con nexos con el crimen organizado o que han cometido violencia política contra las mujeres.
En adición, en su noveno informe, este grupo de organizaciones que vigilan esta elección, consideraron que el incluir de último momento a Yucatán para las elecciones concurrentes “pone en riesgo el éxito del proceso en su conjunto”, debido al calendario de actividades con términos muy ajustados que tiene el INE.
Además, se dicen preocupados debido a que este 31 de marzo concluyó la primera etapa de capacitación del INE para el funcionariado de casillas y el Instituto ha informado que ha capacitado a un millón y medio de ciudadanos pero no ha revelado cuántos ya aceptaron ser funcionarios el día de la jornada electoral.
Otra preocupación es la línea discursiva de la presidenta Sheinbaum, entrometiéndose en la elección judicial, dice el Observatorio Electoral, y la amplia exposición mediática de las tres ministras en activo, previo al inicio de campañas, “que se encuentra al límite de configurar actos anticipados de campaña”.
Rechazan dar HISTORIALES
Por otro lado, el Observatorio Electoral reporta que una de sus organizaciones, DiSentir, solicitó vía transparencia a los Comités de los Poderes Públicos y al Instituto Nacional Electoral copia íntegra de los currículos de las personas aspirantes seleccionadas en versión pública, para crear una plataforma de divulgación de los perfiles.
“En respuesta, el INE catalogó la información solicitada como inexistente, mientras que el Poder Judicial consideró que esa información es temporalmente reservada. El Ejecutivo indicó que el Comité no era un ente obligado legalmente y que había concluido sus funciones a la fecha de la solicitud. Por su parte, el Poder Legislativo, a través del Senado, señaló que por disposición legal, para la elaboración de las versiones públicas se requeriría la reproducción de los documentos, con un costo aproximado de 16 mil 300 pesos”.
Este observatorio declaró que “barreras como las que indicamos, aunque son legales, obstaculizan seriamente la labor de organizaciones como las que conformamos el Observatorio, cuyo afán único es difundir información que consideramos de interés público y que, a quien finalmente perjudican, es a la ciudadanía y su control legítimo sobre temas de gestión pública”.