La administración entrante de Donald Trump está diseñando un plan para deportar a inmigrantes a terceros países cuando sus naciones de origen se nieguen a aceptarlos. Según fuentes cercanas al equipo de transición consultados por la cadena NBC, países como las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Panamá y Granada han sido señalados como posibles receptores de estas deportaciones.
La propuesta ha suscitado preocupaciones entre grupos defensores de los derechos humanos, quienes advierten que podría forzar a miles de personas a asentarse en países con los que no tienen vínculos culturales, familiares ni lingüísticos.
El plan no es del todo nuevo. Durante su primer mandato, Trump envió a solicitantes de asilo a Guatemala bajo un acuerdo bilateral que buscaba reducir la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Según informes, muchos migrantes deportados desconocían su destino hasta aterrizar en el país receptor. Esa política generó críticas generalizadas y enfrentó demandas legales, incluidas acciones de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, describió la estrategia como “ilegal” y “un peligro grave para los solicitantes de asilo”.
El equipo de transición de Trump asegura que este nuevo plan está alineado con la promesa del expresidente de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Bahamas rechaza propuesta de Trump de ‘tercer país seguro’
Entre las prioridades de la administración entrante está en convencer a México para que acepte vuelos de deportación de migrantes no mexicanos que ya residen en Estados Unidos. Fuentes cercanas a la transición indicaron que Trump planea utilizar la amenaza de aranceles como una herramienta de presión para asegurar la cooperación del gobierno mexicano.
Además, se han iniciado contactos preliminares con Panamá, las Bahamas, Granada y las Islas Turcas y Caicos. Sin embargo, las respuestas han sido cautelosas. Carmen Mora, portavoz del gobierno panameño, declaró que “el gobierno panameño no responde a suposiciones y rumores. Preferimos colaborar con la nueva administración una vez que asuma el cargo”.
El gobierno de Bahamas rechazó la propuesta del equipo del presidente electo Donald Trump para aceptar inmigrantes de otros países expulsados por Estados Unidos, informó este jueves la oficina del primer ministro del archipiélago. El ejecutivo, encabezado por Philip Davis, indicó que se recibió una “propuesta del equipo de transición de Trump en Estados Unidos para que las Bahamas aceptaran vuelos de deportación de migrantes de otros países”, según un comunicado del Gobierno.
“Esta propuesta fue presentada al Gobierno de Bahamas, pero el primer ministro la estudió y la rechazó firmemente”, resaltó. “Desde que el primer ministro rechazó esta propuesta, no ha habido más contactos ni conversaciones con el equipo de transición de Trump”, añadió el Ejecutivo.
Los portavoces de los demás países mencionados no han respondido a las solicitudes de comentarios.
Deportaciones aceleradas y preocupaciones legales
Otro elemento clave del plan es la aceleración de las deportaciones. Fuentes cercanas al equipo de transición indicaron que la administración busca deportar a los migrantes dentro de una semana de su arresto. Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición, justificó la medida al afirmar
“El pueblo estadounidense le dio al presidente Trump el mandato de detener la invasión de inmigrantes ilegales, asegurar la frontera y deportar a criminales y terroristas peligrosos”.
Sin embargo, los expertos legales advierten que esta aceleración podría comprometer los derechos legales de los migrantes, incluidos su acceso a procesos de asilo y su capacidad de defenderse contra órdenes de deportación.
Enviar a migrantes a países con los que no tienen ninguna conexión podría violar estándares internacionales de derechos humanos. El número de personas que podrían verse afectadas por esta política es incierto, pero se estima que podría alcanzar decenas de miles. Los migrantes de países como Venezuela, Cuba y China —cuyos gobiernos suelen negarse a aceptar deportados— serían los más vulnerables.
“Esta política no solo es inhumana, sino también una amenaza para la estabilidad de las comunidades migrantes”, afirmó Gelernt.