Como resultado de las gestiones de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en una alianza histórica con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) se obtuvo la Indicación Geográfica del Chicle Maya.

En este segundo año del gobierno humanista con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama, el compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento de las actividades tradicionales de los pueblos mayas se refleja en la gestión y obtención de la Indicación Geográfica del Chicle Maya.

Hubo de pasar 7 años para que se lograra. Y fue que la gobernadora Mara Lezama quien gestionó e instruyó para que se concretara por fin. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación marca un hito en la lucha por la justicia económica y social para cientos de familias quintanarroenses, explicó el secretario de Desarrollo Económico, Paul Carrillo.

“Trabajamos todos los días, 24/7 para que la prosperidad compartida se refleje en las comunidades mayas, en la mesa de los hombres de campo que todos los días producen productos y alimentos que llegan a las grandes ciudades, a los grupos sociales que históricamente estuvieron marginados”, expresó la gobernadora de Quintana Roo al celebrar este logro.

El chicle, es originario de tierras tropicales y extraído del árbol de chicozapote, ha sido un sustento esencial para generaciones. La Indicación Geográfica otorga un distintivo que realza su valor reconociendo su origen y potenciando su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Con esta iniciativa, añadió Paul Carrillo, el Gobierno de la Transformación reitera su compromiso de apoyar para el bienestar de las familias que han preservado esta tradición, ofreciendo nuevas oportunidades y esperanzas para el futuro de sus productos.

Este reconocimiento se traduce en precios más altos y mayores ingresos para quienes han dedicado su vida a esta labor. Este esfuerzo forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, que busca cerrar las brechas de desigualdad y generar prosperidad compartida para todas y todos los quintanarroenses.

Además, esta protección legal es un escudo contra la competencia desleal, salvaguardando a los productores de imitaciones y falsificaciones. Fomenta la confianza y el reconocimiento entre los consumidores, fortaleciendo la cohesión entre las comunidades productoras.

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