El Gobierno Federal solicitó suspender el salario a los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan contra la reforma y considerar la destitución de quienes se mantengan en paro.
A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura Federal dejar de pagar a sus trabajadores en paro.
Se argumenta que el CJF incurrió en irregularidades al emitir la circular en la que dio a conocer el paro, toda vez que “la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.
Advierte también que aunque la decisión de unirse al paro fue tomada en sesión extraordinaria del Pleno, no se mencionó el quórum ni votación de los consejeros integrantes.
Por otra parte se acusa a la Judicatura Federal de incumplir con su responsabilidad de conminar a los servidores públicos, sindicalizados, trabajadores de confianza y a titulares de órganos jurisdiccionales a no generar perjuicio grave a la sociedad con la suspensión indefinida de sus actividades.
De esta forma, la petición de la Secretaría de Hacienda recuerda que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sostiene que el CJF está obligado a pagar las remuneraciones de sus empleados “siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones”.
Sostiene que el paro de labores no se realizó conforme a la ley, por lo que sus participantes incurren en “inasistencia injustificada“, lo que los exentaría de recibir el pago de su sueldo.
El CJF tiene la obligación de conminar a los servidores públicos, inclusive los titulares de órganos jurisdiccionales, a no interrumpir las actividades de los órganos a su cargo y señalar que la libre manifestación de las ideas contra cualquier tema relacionado en específico con el avance de la reforma del Poder Judicial, llevado a cabo en un poder del Estado diverso, no constituye causa justificada para la suspensión del servicio de impartición de justicia.”
Asimismo, Hacienda indica que continuar el paro de labores e impedir el acceso a las sedes judiciales constituye “una falta grave” que ameritaría descuentos en nómina, conclusión de nombramientos, acciones de cese en cargos, procedimientos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros.
De esta forma, califica de “ilegal” la suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales.