El pasado 22 de noviembre, el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, pasó las puertas de Palacio Nacional por enésima vez. El presidente Andrés Manuel López Obrador había requerido su presencia para dialogar con el sector empresarial sobre el plan de reconstrucción de Acapulco, devastado por el huracán Otis el pasado 7 de octubre. Era la segunda vez en dos semanas que se reunía con Carlos Slim para hablar de la ciudad portuaria guerrerense, donde el magnate controla el hotel Calinda.
Un mes y medio antes, el 4 de octubre, el magnate se había reunido con López Obrador y los directivos de Grupo Televisa para charlar, durante más de dos horas y media, sobre la inminente llegada de la delegación del gobierno de Estados Unidos que participaría al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambos países.
El mes anterior, Carlos Slim viajó a Campeche, junto con López Obrador y la mayor parte de su gabinete, incluyendo el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); estuvo sentado a su lado en el Tren Maya, que recorrió el tramo a vuelta de rueda de Campeche a Mérida; en octubre regresó al Tren Maya, y este 1 de diciembre volvió a la Península de Yucatán para presenciar la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum, construido por la Sedena.
Superado el primer tropiezo en su relación en el arranque del sexenio, provocado por las críticas de Slim hacia la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) –un megaproyecto del que era el mayor contratista–, el multimillonario se convirtió en una suerte de consejero especial de López Obrador, quien se reúne con frecuencia con el empresario para consultarlo sobre “la situación económica del país”, las relaciones con Estados Unidos, la pandemia o el turismo.
El tabasqueño, quien llegó al poder con la promesa de extirpar los intereses económicos del poder político y de terminar con el “predominio de una minoría”, se ha referido a Slim como “amigo y buen empresario” o como el “empresario más austero y más institucional de México, que es también nuestro orgullo”, a pesar de que su fortuna personal supera la que suman los 65 millones de mexicanos más pobres, según la organización Oxfam.
“Hay que reconocer que empresarios como Carlos Slim son los que México necesita y los hay, que se la han jugado con la transformación del país”, dijo el mandatario el pasado 2 de octubre.
La buena relación entre ambos hombres se ha basado en el beneficio mutuo. Mientras el magnate se convertía en embajador ante el sector empresarial nacional y extranjero, donde goza de un profundo respeto, el gobierno de la Cuarta Transformación ha entregado grandes contratos a sus empresas, por un monto total que rebasa los 52 mil millones de pesos, según una revisión hecha por Proceso en las bases de datos de contratos gubernamentales.
En este sexenio, el multimillonario permaneció como uno de los principales contratistas del gobierno, como lo fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que sus empresas amasaron contratos por más de 125 mil millones de pesos.
Más allá de los contratos públicos, las empresas del magnate –América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, la minera Frisco y la constructora IDEAL– han vivido un auge durante el sexenio de López Obrador: sus ingresos acumulados crecieron de 100 mil millones de pesos en cuatro años, pasando de un billón 22 mil millones de pesos en 2019 a un billón 119 mil millones de pesos en 2022.
El incremento del valor de las acciones de sus empresas desencadenó, a su vez, un aumento brutal de la fortuna personal de Slim, que pasó de 67 mil 100 millones de dólares en 2018 a 93 mil millones de dólares este año. El monto volvió a colocar al mexicano entre los 10 hombres más ricos del planeta de la lista de Forbes, de la que ocupó el primer lugar entre 2010 y 2013, tres años durante los cuales se le consideraba el más adinerado de la humanidad.
Auge
En enero pasado, Oxfam documentó que la fortuna de Carlos Slim se multiplicó por cinco en los últimos 22 años. Su riqueza se disparó en un 42% desde el arranque de la pandemia de covid-19, mientras una parte significativa de la población dejaba de recibir ingresos, hundiéndose en la precariedad o la pobreza.
Durante el sexenio actual, América Móvil, el gigante de telecomunicaciones que Slim construyó después de comprar Telmex al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuó aumentando sus clientes en México –de 77 millones 789 en 2020 a 82 millones 851 mil en 2022– en América Latina y en siete países europeos, a quienes vendió principalmente sus planes móviles y, en una menor medida, sus servicios de internet fijo, sacando un margen de operación de 20%.
En lo que va del sexenio, el gobierno federal entregó contratos de por lo menos 16 mil 769 millones de pesos –sin impuestos– a las filiales de América Móvil, Telmex, Uninet o Triara.
Grupo Carso, que aglutina las actividades comerciales –las tiendas Sanborns o Sears–, de construcción y de energía, vivió un disparo en sus negocios: sus ingresos se duplicaron entre 2018 y 2022 –de 96 mil 639 millones de pesos a 181 mil 538 millones de pesos– y su utilidad se creció en un 55% en el mismo lapso, al pasar de 28 mil 618 millones de pesos a 44 mil 359 millones de pesos.
Aunque la mayor parte de los ingresos de Carso provenga de las tiendas, la constructora Operadora Cicsa recibió grandes contratos del gobierno de López Obrador. Pese que el mandatario anuló el NAIM, con todo y la obra multimillonaria de la terminal adjudicada a Cicsa, su gobierno compensó a la empresa con el tramo 2 del Tren Maya, por 18 mil 553 millones de pesos, así como otros 13 mil 906 millones de pesos 2019 por diversos contratos de Pemex, a los que se suman un nuevo contrato de 5 mil 886 millones de pesos celebrado en abril pasado.
De hecho, Grupo Carso busca profundizar sus negocios petróleos, y en mayo pasado, compró 49.9% de acciones de Talos Energy, una de las empresas estadunidenses que extraen petróleo con Pemex en el yacimiento marítimo Zama. El presidente López Obrador estuvo siguiendo de cerca la operación, como lo dejó muy claro en su conferencia matutina del pasado 28 de septiembre, cuando aseveró que “hay un beneficio para el país, para México, independientemente del negocio lícito, legítimo que va a hacer la empresa de Slim”.
Grupo Inbursa, la rama financiera del imperio de Carlos Slim –controla un banco, un seguro, una Afore y una inmobiliaria--, también ha vivido una buena racha en el sexenio, en el que el gobierno de López Obrador contrató a su filial de seguros por más de 5 mil 800 millones de pesos.
Fricciones
Slim se catapultó en la cima del sector empresarial durante el sexenio de Salinas de Gortari y consolidó su poder gracias a sus relaciones con los gobiernos en turno. Durante la administración de López Obrador en el Distrito Federal, Carlos Slim levantó la mano para renovar una parte del Centro Histórico de la capital, uno de los principales proyectos de su gestión.
“Slim es bastante sencillo, aunque es el hombre más rico del mundo”, planteó López Obrador en su libro “La mafia que se adueñó de México” (Grijalbo, 2010). “En reuniones con él nunca trató el tema de Salinas, aun cuando siempre ha existido la sospecha de que su fortuna es compartida con el expresidente”, sostuvo, y agregó que Slim tuvo una actitud “respetuosa” hacia él y que nunca participó en la “guerra sucia” en su contra, aunque fue crítico del plantón que el tabasqueño organizó sobre la avenida Reforma para denunciar los resultados de las elecciones de 2006.
En el arranque del sexenio, Slim no fue invitado a participar en el Consejo Asesor Empresarial, el grupo de dueños de televisoras, bancos y empresarios amigos de López Obrador encabezado por Alfonso Romo Garza, el entonces jefe de Oficina del presidente. En aquel entonces, Slim y López Obrador tenían un diferendo sobre la cancelación del NAIM, decretada por el tabasqueño.
Ya antes de las elecciones de julio de 2018, Slim había exhortado a López Obrador a no tocar al megaproyecto más oneroso de la administración de Enrique Peña Nieto –en el que su Operadora Cicsa tenía el contrato de 84 mil 828 millones de pesos–, y señalado que su idea de ampliar el aeropuerto de Santa Lucía –lo que se convertiría en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)– no sería viable a largo plazo.
Para López Obrador, Slim seguía marcado por su vínculo original con Carlos Salinas de Gortari, y de sus lazos vigentes con el salinismo. Un ejemplo: Slim cuenta, desde hace 30 años, con la amistad y la asesoría de Claudio X. González Laporte, el cabildero de Salinas de Gortari en el sector empresarial, quien todavía tiene un asiento en el Consejo de Administración de Grupo Carso.
De toda la cúpula empresarial, el apellido González es el más repudiado por López Obrador: al presidente de Kimberley Clark lo ha acusado de organizar varias campañas negras en su contra –incluyendo un supuesto plan de golpe de Estado en 2006–, y a su hijo, Claudio X. González Guajardo, lo ataca regularmente por sus intentos de unificar los partidos de oposición para quitar a Morena del poder.
El distanciamiento original entre López Obrador y Slim se extendió durante cerca de un año, hasta que en julio de 2019 el multimillonario acudió a Palacio Nacional para comer en privado con el mandatario. Ahí, le dijo que se retiraría progresivamente de los negocios hasta dejar las riendas a sus herederos en 2024, y ofreció a López Obrador su apoyo “no sólo en la parte empresarial, sino también en acciones de bienestar para nuestra población”, informó el propio presidente.
Semanas después llegó a una cena con empresarios en Palacio Nacional, y en agosto vino a la conferencia matutina del presidente para aplaudir el anuncio de que se mantendría vigente la construcción de siete gasoductos, uno de los cuales –el Samalayuca-Sásabe, entre Chihuahua y Sonora– está a cargo de Grupo Carso.
A partir de ese momento, Slim no dejó de hablar bien del presidente y de su gobierno en público –en marzo de 2022 incluso calificó de “construcción espectacular” el AIFA, el mismo que tachaba de mala idea cuatro años antes–; se volvió un visitante frecuente de Palacio Nacional, y empezó a participar en las reuniones del presidente con el Consejo Asesor Empresarial –de Romo–, el Consejo Económico Empresarial (CCE) o empresarios de Estados Unidos, a acudir a sus informes y ceremonias de corte de listón, y a acompañarlo en sus giras a Washington. En paralelo, sus empresas empezaron a recibir grandes contratos de obra y servicios públicos.
La nueva amistad entre ambos hombres se tradujo en acciones concretas en mayo de 2021, cuando se derrumbó la Línea 12 del Metro capitalino en un tramo construido por la constructora Cicsa, de Slim, causando la muerte de 26 viajeros. Los peritajes concluyeron que la obra emblemática de la administración de Marcelo Ebrard Casaubón tenía vicios de origen –los pernos mal instalados– y había sufrido deficientes labores de mantenimiento en la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo.
A pesar de que el derrumbe era una responsabilidad de la Ciudad de México, López Obrador tomó el caso y lo negoció directamente con Slim, con la prohibición expresa al gobierno capitalino de dar declaraciones al respecto.
El acuerdo al que llegaron el mandatario y el multimillonario se plasmó en un convenio firmado el 20 de octubre de 2021 entre Cicsa y el gobierno capitalino: la empresa se comprometió a reconstruir la línea, a consolidar las partes mal elaboradas y a indemnizar a las víctimas, a cambio de una “cláusula de no responsabilidad” a través de la cual la Fiscalía capitalina desechó cualquier pretensión de llevar la empresa ante la justicia por la deficiente construcción del tramo, que desembocó en la muerte de los usuarios del Metro.