Un juez de Amparo en Materia Administrativa admitió a trámite un amparo presentado por más de 100 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El recurso fue presentado el pasado 2 de marzo, el mismo día que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por modifican distintas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Leyes: Artículo Décimo Séptimo transitorio del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’ Remoción del cargo de persona servidora pública”.
Hasta el momento el juzgado solo ha notificado que fue admitido a estudio, por lo que solicitó a los solicitantes la documentación para analizar el caso.
Entre las leyes que se modifican con el decreto del Plan B electoral de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación su Plan B electoral para suprimir la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, reducir la Unidad Técnica de Fiscalización a una dirección ejecutiva y modificar la estructura y responsabilidades de los organismos Públicos Locales (OPL), entre otros cambios relevantes
La nueva reforma electoral entró en vigor a partir del pasado viernes 3 de marzo.
Además del amparo admitido por un juez, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a estudio la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual forma parte del plan B.
El caso fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió un plazo 30 días hábiles, contados a partir de la notificación a las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación para que den sus argumentos.