Desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le declaró la “guerra” a pandilleros para contener la encarnecida ola de violencia que se vivía en su país, las autoridades han detenido a 30 mil 506 delincuentes, informó la Policía este lunes.
“536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo, fecha en la que se cumplieron 50 días de régimen de excepción. Total de capturas desde que inició la guerra contra pandillas es de 30 mil 506”, compartió la Policía Nacional Civil (PNC) en Twitter.
Después del asesinato de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, crímenes que las autoridades imputan a las organizaciones criminales, Bukele declaró la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio.
La ofensiva de seguridad, respaldada por un régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo a solicitud del mandatario, ha detenido —sin orden judicial— a los pandilleros, que desde el 28 de marzo detuvieron la escala de homicidios.
El 26 de abril entró en vigencia una prórroga por 30 días del régimen de excepción, una medida que restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, y que amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.
El Congreso también aprobó, a inicios de abril, una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70 mil miembros, de los cuales —con la ofensiva de arrestos— más de 46 mil están encarcelados.
El régimen de excepción recibe críticas de diferentes organismos humanitarios por la detención masiva de jóvenes sin el debido proceso.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, justificó el 5 de mayo —ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)— el derecho del Estado a mantener la ofensiva contra las pandillas.
“Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas (…). El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa”, aseveró Ulloa.