La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada de modo virtual entre el 19 y el 21 de abril, concluyó que “la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas”.
En su reporte final, indicó que, “en los últimos seis meses, fueron asesinados 15 periodistas (10 en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras). Trece de ese total, en los tres primeros meses de 2022”.
“La impunidad de esos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia”, remarcó el texto de la SIP.
Luego lamentó que “en Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios”; al tiempo que destacó que “las agresiones incluyen el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua –tres reporteros y tres directivos de La Prensa– y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba”.
La SIP denunció la persecución y represión contra la prensa en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana.
“La prensa independiente sufre allí persecución sistemática, opresión y censura generalizada, atrocidades derivadas del secuestro de los poderes públicos y de la demolición de las estructuras de la sociedad civil”, expresó la SIP.
“El gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación”, sostiene la resolución al exponer algunas de las atrocidades perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El plan de acción incluye, entre otros puntos, “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.
La Sociedad Interamericana de Prensa aprobó una resolución sobre Nicaragua (En la foto, Daniel Ortega/EFE/Jorge Torres)
Se reclamará a las embajadas de Nicaragua en cada país que se libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, relató la SIP en un comunicado.
A las confiscaciones de Confidencial y 100% Noticias, ocurridas antes de este semestre, se sumaron la de La Prensa, también en Nicaragua, y la de El Nacional, en Venezuela, recordó.
En otro orden, manifestó que también generaron preocupación los atentados incendiarios contra cuatro medios, dos en Argentina y dos en Colombia. “Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital. El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, usó el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. El régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, bloqueó portales de Internet y censuró el acceso a la red en forma general, valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales”, denunció la SIP.
Luego dijo que “la Reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la ‘clandestinidad de publicaciones’. Proyectos restrictivos surgieron en Aruba, con la ley de medios, y en El Salvador, con el estatuto contra pandillas que criminaliza a medios y periodistas”.
Jorge Cahanuati, presidente de la SIP
Otro foco de atención es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada también por otras autoridades y dirigentes en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro -indicó la SIP- pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno del caso Lava Jato y otras coberturas sobre corrupción pública.
“El mandatario peruano y sus ministros amenazan reiteradamente a los medios críticos con que no recibirán publicidad oficial. Amenazas por contenidos críticos se produjeron también en Guatemala, El Salvador y México”, detalló.
En otro de los puntos sobresalientes, la SIP denunció el “grave acoso judicial” que “se manifestó en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú”.