Después de cinco semanas de análisis de reforma eléctrica en los foros del Parlamento Abierto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz, evalúa que sí será posible conciliar las diferencias entre la mayoría de Morena y sus aliados y quienes desde la oposición tienen dudas sobre los alcances de la retroactividad y el futuro de las inversiones privadas.
Cuestionado por Excélsior respecto a los cambios que experimentaría la iniciativa presidencial, el diputado morenista reconoce que esa conciliación sería resultado tanto de ajustes al texto original como de aclaraciones todavía pendientes de cómo seguirían los particulares participando en el mercado eléctrico y lo que va suceder con la cancelación de sus contratos.
“Habrá que cambiarle más que una coma, y eso va a provocar el convencimiento por la claridad, porque va a despejar muchísimas dudas y va a dejar las ideas bien ordenadas, de la mayoría de los diputados que tienen los votos, que son claves también para conseguir la votación política”, confía.
Prevé que el acercamiento de posturas se irá dando en la siguiente fase del proceso, terminado el Parlamento Abierto, y cuando en la mesa de trabajo legislativo se hagan las aclaraciones pertinentes y se discuta en corto el alcance del cambio.
Pero desde ya, con la información obtenida de las partes interesadas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas del sector privado, el responsable de la comisión de las reformas constitucionales en San Lázaro pronostica: “Creo que vamos a llegar a un buen puerto”.
SIN VIOLACIÓN A T-MEC
Exsecretario general de gobierno de San Luis Potosí y expresidente del Senado, el constitucionalista rechaza que exista en la iniciativa una violación a los derechos adquiridos de las empresas del sector y al principio de retroactividad ni al T-MEC.
“Ya me puse a estudiarlo en sus capítulos 8 como el 14, que son los antecedentes de este punto”, detalla.
Y precisa: “Sí aceptáramos sin conceder, que hay derechos adquiridos y que tienen que indemnizarse, resarcirse ¿no? Pues el 46% del mercado es más que una indemnización, sobrada indemnización, mucho más de lo que han invertido hasta ahora, con dinero que trajeron, poquito de afuera, y un mucho de aquí adentro, porque no todo ha sido Inversión Extranjera Directa.
“Pero sobrará para pagar lo que hayan pedido en préstamo a las empresas, lo que deban, como dicen ellos, su apalancamiento y no se van a cerrar las plantas que ya instalaron”, enfatiza.
Alega que hay “una capacidad sobradísima” en México para generar la energía que necesita el país.
“La CFE no podría abarcar 100% en este momento. Y no se van a cancelar las posibilidades de seguir generando en estas plantas de las empresas principalmente extranjeras”.
Ese es uno de los puntos que, según Robledo Ruiz, deben clarificarse para darle viabilidad a la reforma, ya que, reseña, no se ha querido entender que los propios transitorios de la iniciativa presidencial establecen el curso de la participación privada.
“Si los clarificamos, creo que la iniciativa privada estará muy, ya muy tranquila, de que se aclare la interpretación, de que no se les quita el título y se les cierra la planta. Eso no será posible”, enfatiza.
ADIOS A LOS OJNIS
Robledo Ruiz tiene en sus manos la encomienda de conducir la formulación de un dictamen que consiga los 52 votos de la oposición que, según cálculos de la coordinación de Morena, se necesitan para concretar la reforma en San Lázaro, pero que también tenga posterior viabilidad en el Senado.
En la conversación adelanta que posteriormente presentará una iniciativa para eliminar los organismos autónomos que no se justifican y que, comenta, ya en Francia fueron señalados “como objetos jurídicos no identificados (Ojnis)”, pues en algunos casos ejercen atribuciones por encima de los poderes de la República sin rendirle cuentas a nadie. “Se manejan tan autónomamente como si fueran otro Estado, dentro del Estado”, critica.
Por lo pronto sin embargo, comparte una perspectiva optimista, al señalar que, con excepción de una bancada, a la que no menciona por su nombre, aludiendo al PAN, en el resto de las fuerzas parlamentarias, la iniciativa presidencial puede transitar.
“Salvo por alguna fracción de los legisladores en donde las posturas están muy distantes, porque tiene que ver la visión de país en el que se está pensando, en la mayoría de los diputados, me parece que de fondo hay una aceptación al planteamiento principal, al cuerpo principal de la iniciativa del presidente, y que lo que falta es claridad y explicitud en algunos textos”.
Ejemplifica Robledo que se necesita la conciliación en un aspecto toral en el que se requiere ser más explícitos: a dónde deben quedar las atribuciones de la regulación, toda vez que la propuesta de reforma elimina los órganos que ahora la ejercen.
En su opinión, podrían quedar en la CFE que ya las tuvo. Lo central es que se acepte que es el gobierno el que tendrá la distribución, el control y la regulación y ya no una instancia autónoma, subraya.
TRES ASUNTOS DEL DEBATE
Ordena el diputado Robledo las discrepancias, salvables todas según su perspectiva, en tres temas de discusión.
“Son tres puntos de discusión que provocan argumentos antagónicos, por una falta de claridad, en el contenido y alcance del texto de la iniciativa presidencial de reforma constitucional”, considera.
“Uno, desde luego que es hasta como arma de propaganda de las empresas, es que se está tratando de suprimir las fuentes limpias de generación de energía para que se queden las fuentes sucias, que tiene la CFE”, detalla.
Cuando en los hechos, reclama, las hidroeléctricas de la CFE no están catalogadas como limpias y lo son.
“Dos, los contratos y permisos que la iniciativa de reforma en su régimen transitorio propone que se cancelen, aunque la palabra técnica debería ser que se revoquen o que se declaran de plena nulidad por ministerio de la Constitución”, reseña.
Reconoce que actualmente ese punto “provoca una incertidumbre en las empresas privadas, y todas las personas que son partícipes de la idea de la iniciativa privada y del mercado libre en esta materia de electricidad”.
“Y tres, la ubicación de las atribuciones de regulación para ejercer el control y con ello asumir la rectoría del Estado en la economía”.
RETROACTIVIDAD
Frente al tema de la incertidumbre, el constitucionalista se pregunta: “¿Qué sucede, si el Estado ya no tiene facultades para modificar el estatuto de un ámbito de la vida, porque se firmó con algún particular, en algún momento, un contrato? ¿Ya la siguiente legislatura no puede modificar, no puede ejercer su soberanía legislativa? ¿Hasta dónde llega el principio de no retroactividad?”.
Lanza la interrogante también de qué es retroactividad y plantea opciones: “Obligar a que devuelvan lo que ganaron indebidamente o hacer corte y a partir de aquí cambiar el estatuto jurídico…”.
Sin asumir una respuesta, el legislador reconoce que “es una discusión en la que nos tenemos que entender”.
Plantea el morenista que “aun cuando una parte de los artículos transitorios mandan a anular prácticamente todos los contratos y permisos, la otra dice que pueden seguir generando, salvo los excesos que han tenido en abastecimiento y en excedentes generados por los famosas Productores Independientes de Electricidad, lo dice, pero está la letra escondida, hasta me parece que se lo brincaron a la hora de la lectura, porque no lo tiene presente en la Cámara de Diputados”.
VAMOS A LIMITAR LO EXCESOS
Cuestionado sobre las definiciones expuestas por Manuel Bartlett, director de la CFE en el Parlamento Abierto, en el sentido de que no había nada qué negociar porque hay un saqueo y que el nuevo régimen entraría en vigor al siguiente día de la promulgación de la reforma, el diputado Robledo Ruiz explica que en realidad se les está diciendo a las empresas que se queden sólo con lo que en realidad les pertenece.