El sector privado pidió que en la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo se esclarezcan los planes que tiene el gobierno federal para la generación distribuida —de pequeña escala— y el papel que tendrán las empresas privadas en este,
Asimismo, la sociedad civil solicitó que los sistemas aislados en Baja California Sur sean incluidos para garantizar el acceso a la energía en comunidades que no la tienen.
El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), Manuel Gómez Herrera, resaltó el hecho de que en los foros del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica casi no se ha tocado el tema de la generación distribuida y no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se planean para su instalación y operación.
“Se le ha mencionado, pero solo como paneles en los techos de casas y en el sector agropecuario. (…) Creemos que es necesario definirla con claridad: la generación distribuida es la generación de energía eléctrica a pequeña escala, menos de 500 kilovatios, ubicada en el centro de carga con la opción de interactuar con la red eléctrica y puede aplicarse a centros de carga residenciales, comerciales e industriales”, explicó.
Gómez Herrera dijo que este esquema es muy necesario para suministrar electricidad, y específicamente a las comunidades alejadas de la red, entre los que se cuentan también muchos pueblos indígenas.
Además, abundó, para el sistema eléctrico nacional existen múltiples ventajas de la generación distribuida; una relevante es que reduce las pérdidas de energía del sistema.
En México se pierde alrededor de 15% de la energía que se transmite en la red y pese que en algunos casos la generación distribuida puede representar retos técnicos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le ayuda a resolver más problemas.
Por ejemplo, le permite aplazar inversiones, mejorar la confiabilidad y seguridad de la red, reforzar las redes de transmisión y distribución, diversificar la matriz energética, así como tener más holgura en sus pronósticos y en el balance de la carga y generación.
“Para los usuarios de generación distribuida les permite consumir energía limpia, ahorrar en su consumo eléctrico y en el caso de los negocios los hace más eficientes; aun cuando la generación distribuida ha crecido mucho y constantemente, estamos muy por debajo de nuestras posibilidades como país, estamos alrededor del 2.45% de la capacidad de las redes de distribución”, apunto el director ejecutivo de la AMIF.
Desde que se envió la iniciativa, los funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han explicado públicamente que la generación distribuida continuará y no se verá afectada y que en realidad será promovida por el Gobierno federal.
No obstante, se habla de la cancelación de permisos y contratos, si bien los ciudadanos que poseen sistemas fotovoltaicos en modalidad de generación distribuida no requieren permiso, sí han suscrito contratos.
“La única interpretación posible es que todos los contratos de nuestros usuarios serían cancelados una vez que esto entre en vigor, específicamente en la cláusula octava inciso C de los contratos de contraprestación que se firman con la CFE, que determina como causa de terminación la modificación o contravención de las disposiciones que establece la Ley de la Industria Eléctrica, su reglamento o cualquiera de las disposiciones legales administrativas aplicables”, refirió.
Asimismo, se excluye a las empresas privadas que instalan sistemas fotovoltaicos y a una buena parte de la cadena de valor de generación distribuida, por lo que pide tener en cuenta los costos de la transición energética, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología ascienden a 67,750 millones de dólares para el periodo 2014-2030.
Sistemas aislados en Baja California Sur
Po su parte, Jacqueline Valenzuela Meza, directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca), dijo que Baja California Sur es el único estado que cuenta con 2 sistemas aislados, es decir, que no están interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional, pero tampoco están conectados entre sí.
Entonces, el consumo de electricidad y la capacidad instalada se centra principalmente en el municipio de La Paz con 2 centrales de generación de la CFE y en el municipio de Comondú, donde se tiene otra de las centrales de generación.
“Los sistemas aislados deben de ser incluidos en esta reforma porque tiene usuarios con necesidades particulares”, aseguró Valenzuela Meza.
En el estado existe una intensiva actividad agrícola y pesquera, la cual se desarrolla en zonas rurales, pero también tiene una gran vocación turística.
“En estas comunidades rurales, los desarrollos turísticos cuentan con electricidad que es proveída a partir de sistemas fotovoltaicos aislados, pero por otro lado la población local se ha quedado excluida de este servicio eléctrico, porque no están interconectados a la red de la CFE.
En Baja California Sur hay 63 comunidades que están fuera de la red eléctrica en La Paz, los Cabos, Comundú, Mulegé y Loreto y ascienden a una población de 4,411 personas.
Destacó el caso de la comunidad de San Juanico, en Comondú, un pueblo costero y que solo cuenta con 5 horas al día de electricidad, y a veces hay temporadas que no tienen en lo absoluto. En 1999 se instaló una central híbrida de un sistema eólico y fotovoltaico complementado con una planta de diésel.
“Esta planta fue instalada en la comunidad, se asignó a una persona para que le estuviera dando mantenimiento y dejó de funcionar, cayó en desuso y abandono, solamente ahora se provee electricidad con esta planta de diésel, (…) y con esto tienen 5 horas al día de electricidad, las actividades en exteriores se detienen al esconderse el sol, pero por otro lado existen estos alojamientos turísticos que no les falta la electricidad y que pueden estar 24 horas desempeñando actividades”, indicó la directora ejecutiva de Cerca.
Para poder conectar a San Juanico a la red eléctrica se requiere de una inversión de 67.4 millones de pesos, pero la CFE ha argumentado que no cuenta con los recursos.
También se refirió al caso de San Buto, otra comunidad pesquera que está a 15 kilómetros de la central de combustión interna “General Agustín Olachea” y a pesar de eso no cuenta con el suministro de electricidad de manera constante.
“Tiene que asumir las externalidades de la contaminación de una central de electricidad y ni siquiera por esto cuenta con el suministro garantizado”, denunció.
En ese tenor, requirió que esto se tome en cuenta en la reforma eléctrica de impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ayude a reducir la desigualdad en estas comunidades, por lo que se propone un enfoque de electricidad basado en los derechos humanos con un esquema de democratización de la energía con la instalación de techos solares en comunidades rurales con esquemas justos de financiamiento.