Perú paralizó ayer todas las cargas y descargas de petróleo que Repsol realizaba en el Pacífico frente a su refinería en la costa de Lima, donde se derramaron 11 mil 900 barriles de crudo el 15 de enero.
La compañía española respondió que la decisión del gobierno peruano es “desproporcionada e irracional”.
La medida anunciada a periodistas por el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, se adoptó porque Repsol “no ha dado la certeza de que pueda afrontar un nuevo derrame” de hidrocarburos.
Perú aseguró que 24 playas del Pacífico están contaminadas y el área impactada por el petróleo es por el momento de 116 kilómetros cuadrados entre mar y tierra, área poco más grande que París.
El ministro añadió que la empresa energética “no ha evidenciado acciones claras de limpieza y remediación frente a lo sucedido y se le ha solicitado la modificación del plan de contingencia”.
La empresa española tiene tres terminales marítimas frente a la refinería La Pampilla, y atribuye el desastre al tsunami provocado por la erupción de un volcán submarino en Tonga, en el Pacífico sur.
El derrame ocurrió en la terminal número dos, ubicada 4.5 kilómetros mar adentro desde la orilla y el gobierno lo considera el “peor desastre” ambiental en la capital en los últimos tiempos.
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En Perú funcionan siete refinerías, la más importante es La Pampilla, donde se refinan alrededor de 117 mil barriles diarios y alimenta de combustible a la capital.
Repsol manifestó en un comunicado que no compartía la decisión, pero indicó que colaborará para reanudar sus actividades lo antes posible.
Perú prohibió la semana pasada salir del país por 18 meses a cuatro ejecutivos de Repsol mientras son investigados por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
En otro orden, el presidente Pedro Castillo anunció ayer que nombrará un nuevo gabinete, el tercero de su gestión de medio año, tras la renuncia de su primera ministra Mirtha Vásquez, quien dimitió poco antes por diferencias con el mandatario en el manejo de la policía.
La primera ministra indicó en una carta que no hubo posibilidad de “lograr consensos” y la crisis policial “es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que nos viene golpeando y que es momento de abordar y confrontar con firmeza”.
El anuncio ocurrió luego de que Castillo aceptó la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén –respaldado por la primera ministra–, quien dimitió porque el mandatario no lo respaldó en una disputa con el jefe policial Javier Gallardo. El ministro y el jefe de la policía tenían diferencias por los ascensos a cargos de generales en esa institución.
Guillén se enfrentó a un jefe policial que buscaba jubilar a oficiales valiosos, y al mismo tiempo debilitar unidades policiales claves que investigaban al narcotráfico, así como diversos delitos cometidos en partidos políticos de izquierda y derecha.
El renunciante ministro fue uno de los fiscales que en 2009 logró condenar al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por delitos de asesinato y corrupción en su gestión entre 1990-2000.
Guillén declaró el sábado a la televisora por Internet Epicentro TV que presentó su renuncia el viernes luego de esperar dos semanas, sin éxito, una respuesta del presidente para pasar al retiro al jefe de la policía, a quien Castillo jubiló el domingo casi a la medianoche.
Guillén recomendó a Castillo comenzar a “escuchar” y le pidió cambiar a sus asesores presidenciales, quienes, afirmó, “sostienen una guerra permanente entre ellos. Al gobierno lo que le falta es rumbo”, concluyó.